ESTABLECIENDO QUE LAS PRESTATARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL DEBERÁN GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE SUS SERVICIOS A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, EL SECTOR PÚBLICO, MUNICIPIOS, HOSPITALES Y ESCUELAS DE LA PROVINCIA AUN CUANDO SE ENCUENTREN EN MORA O CON AVISO DE CORTE.