|
Fundamentos
de la |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ley
12233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HONORABLE LEGISLATURA: Tengo
el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter para
su tratamiento y consideración el proyecto de Ley Impositiva para el
ejercicio del año 1999. Antes
de comenzar a explicar las medidas concretas contenidas en el mismo, merece
hacerse mención del contexto en el que se inscriben dichas medidas, habida
cuenta de los profundos cambios operados en la economía nacional y provincial
durante la última década. En
la segunda mitad de la década del ´80 la economía argentina se encontraba en
una situación de fuerte desequilibrio, perceptible tanto en la evolución de
las finanzas del sector público, como en la tendencia recesiva del sector
real, con tasas de crecimiento de la actividad económica negativas en el
período bajo análisis. El
rol de tipo empresarial asumido por el Estado encontró un límite concreto en
las posibilidades de financiamiento genuino de su actividad. Como
consecuencia de ello, el creciente déficit fiscal observado en ese período se
solventó por un tiempo a través de un fuerte proceso de endeudamiento, tanto
interno como externo, y cuando ya no fue posible acceder al uso del crédito,
con emisión monetaria sin respaldo. Esta
última forma de financiamiento, conjuntamente con los problemas de balanza de
pagos, y con la caída de la recaudación tributaria real (por la erosión
provocada por la inflación en los ingresos fiscales) desencadenaron la crisis
hiperinflacionaria más severa que haya vivido la economía argentina. Frente
a esta realidad, en la década del ´90 se produjeron reformas estructurales en
la política económica nacional, cuyos instrumentos esenciales fueron la
sanción de Los
gobiernos nacional, provinciales y municipales fueron modificando sus
estructuras y su inserción en la economía, priorizando las acciones
conducentes al logro de un mayor nivel de bienestar general, y de una mayor
competitividad de la producción local de bienes y servicios. Las
relaciones intergubernamentales también evidenciaron cambios sustanciales.
Los distintos niveles de gobierno acordaron acciones en pos de un mayor nivel
de coordinación y armonización de políticas públicas, muchas de las cuales se
encuentran en marcha, con grados de avance que permiten vislumbrar resultados
satisfactorios. El
equilibrio de las finanzas públicas fue una condición necesaria a tal fin.
Los estados nacional y subnacionales aprendieron la lección de la década del
´80, y procuraron solventar sus políticas de gastos con ingresos genuinos,
fortaleciendo los mismos a partir de la aplicación de políticas tributarias
consecuentes con los objetivos del financiamiento; y de una administración
tributaria sustentada en la búsqueda de equidad en el tratamiento de los
contribuyentes, a partir de una tenaz y permanente lucha contra la evasión
fiscal. La
provincia de Buenos Aires ha exhibido una política fiscal solvente y
responsable. Durante los últimos siete años se mantuvo el equilibrio de las
cuentas públicas, con una gestión concentrada en la atención de las demandas
sociales. La acción del gobierno se funda en la comprensión de las
características históricas, económicas y sociales de nuestra Provincia. Como
su Honorabilidad bien conoce, no resulta sencillo gobernar una Provincia en
la que reside aproximadamente el 40% de la población del país, que genera
alrededor del 33% del Producto Bruto Interno, y que percibe (a pesar de que
en los últimos años ha mejorado su participación, producto del reconocimiento
del esfuerzo que realiza para posibilitar la redistribución de recursos hacia
otras jurisdicciones) solo el 24% de los ingresos que, por aplicación de los
distintos regímenes de coparticipación de impuestos nacionales, reciben las provincias.
Una Provincia en la que, pese a los esfuerzos realizados, parte de su
población mantiene necesidades básicas insatisfechas. Esta
realidad, obliga al diseño de una política tributaria eficiente en la
generación de los recursos necesarios para el financiamiento de sus gastos,
equitativa en el tratamiento de los contribuyentes, y prudente en el sentido
de preservar la competitividad del sector privado, alentando la producción de
bienes y servicios en el territorio provincial. Un
elemento importante a tener en cuenta para el diseño de política es la
composición del Producto Bruto Geográfico de En
función de esta realidad, se detalla a continuación la política tributaria
reciente el gobierno provincial, de la cual se extraen experiencias que
contribuyen al actual proyecto de ley. Como
ya se mencionara, en la década de los ´90 la provincia de Buenos Aires ha
realizado una importante reforma tributaria cuyos objetivos fundamentales han
sido el apoyo a la actividad productiva y la búsqueda de mayores recursos
impositivos genuinos. Con la perspectiva que brinda el hecho de hallarse a
finales de la década, se puede señalar con certeza el éxito en la tarea
emprendida. En este sentido, es importante destacar que el marca de las
reformas encaradas ha sido de coordinación permanente con las medidas tomadas
por el gobierno nacional, constituyéndose en hitos fundamentales las firmas
de los pactos fiscales. En
1993 Han
sido múltiples las decisiones que comprendieron la reforma tributaria en pos
de los objetivos señalados, no obstante en los párrafos siguientes se
enumerarán las más importantes. En
lo referente al apoyo a la actividad productiva las medidas fundamentales han
sido las concernientes a desgravaciones impositivas. En este sentido las
exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos otorgadas a la actividad
industrial, agropecuaria, y construcción; las desgravaciones del Impuesto de
Sellos y las desgravaciones en el Impuesto a El
sector agropecuario ha recibido importantes beneficios durante el período, lo
que ha derivado en una significativa baja en la presión tributaria soportada.
En este sentido resulta esclarecedor observar la evolución del índice de la
recaudación del impuesto inmobiliario rural sobre precios agropecuarios en el
cuadro a continuación: EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO INMOBILIDARIO RURAL Y LOS
PRECIOS AGROPECUARIOS BASE 1991= 100
(*) Aún
asumiendo los costos de las exenciones y explicitadas, y analizando la
perfomance tributaria de
La
perfomance positiva de los recursos se ha verificado en la mayoría de los
impuestos provinciales, tal como se observa a continuación:
Esta
evolución de los ingresos impositivos, a pesar de las desgravaciones
producidas, permite demostrar que las reformas introducidas en la estructura
tributaria provincial (responsablemente articuladas, con mejoras concretas en
su administración) ha permitido compensar los costos de las medidas y
consecuentemente mantener la tendencia creciente de la recaudación. Con
referencia a la administración tributaria el objetivo primordial ha sido y
seguirá siendo la lucha contra la evasión, por el efecto que genera en
términos de equidad impositiva, por su gravitación financiera en la
recaudación, y por la competencia desleal de los evasores para con los
contribuyentes. En este sentido durante la década se implementaron diversos
mecanismos que se enumeran brevemente a continuación:
Resulta
importante ahondar en el comportamiento tributario logrado a partir de los
mecanismos de administración descriptos. En este sentido es interesante la
comparación del principal tributo provincial, el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, con la evolución del Impuesto al Valor Agregado.
Notas:
1)
Se toma como base el 4to.
bimestre ´92 porque a partir de ese momento el IVA no tuvo más alimento en la
alícuota ni ampliación en la base imponible. 2)
A partir del 01/01/94
rige el pacto fiscal, que implicó desgravaciones importantes en ingresos
brutos, y el alimento de la alícuota de comercio minorista al 3.5% hasta el
31/12/1996. 3)
IVA se encuentra neteado
de los tres puntos adicionales que rigen a partir del 01/04/1995. 4)
IVA sin distribución regímenes
de facilidades de pago y presentación espontánea (a
partir de FEB 96 inclusive). Se
observa claramente un comportamiento creciente en ambos impuestos, pero
diferenciado en cuanto a la magnitud de las variaciones. El Impuesto sobre
los Ingresos Brutos registra un crecimiento mayor al del IVA, lo que debe
atribuirse necesariamente a una mejor administración tributaria. Para
realizar un análisis más general se puede comparar la evolución del conjunto
de impuestos provinciales respecto del nivel de actividad.
En
este último gráfico queda clara la tendencia de los recursos provinciales a
crecer por encima de la variación del PBI nacional. Esta recaudación
excedente al incremento en el nivel de actividad se atribuye a la mejor
eficiencia en la administración tributaria, siendo que los niveles legales de
imposición no solo no se han incrementado durante el período; sino que, como
se explicó antes, se desgravaron algunos sectores y/o actividades. En
definitiva los mecanismos de administración tributaria implementados hasta la
fecha han demostrado, según diversas comparaciones, una mejora en los niveles
de cobrabilidad de los impuestos provinciales, lo que derivó en un aumento de
recaudación que compensó con creces el costo fiscal de los beneficios
otorgados a la actividad productiva. No
obstante la decisiva importancia económica de las medidas en apoyo a la
actividad productiva, éstas deben ser evaluadas dentro de un contexto más
general; considerando las actividades propias del estado provincial, tal como
la política de gasto social, y las reformas estructurales en curso en
Educación, Seguridad y Justicia. Es decir, en la medida que los compromisos
pendientes de cumplimiento en materia de Pacto Fiscal signifiquen una caída
en los recursos, las posibilidades fiscales de atender los compromisos
indelegables del Estado Provincial se verían negativamente impactadas y los
efectos positivos buscados serían contrarrestados por esta restricción de
carácter financiero. No
se trata de una cuestión de convicción sobre la importancia de sustituir un
impuesto distorsivo por otro de un carácter menos pernicioso: se trata de
garantizar el financiamiento necesario para seguir cumpliendo con las
obligaciones encargadas al Estado provincial por la comunidad, sin poner en
riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. Por
eso el gobierno provincial propicia un tratamiento integral de la
armonización tributaria en el marco de un nuevo régimen de coparticipación
como el que demanda Situados
ya en la política tributaria para el año 1999, merece ponerse de relieve que
no se ha previsto en el presente proyecto aumentar el nivel de presión
impositiva, a la par de asegurar un adecuado financiamiento de los gastos
públicos mediante la obtención de los recursos propios que preserve
equilibrio fiscal, lo que constituye la principal decisión política sobre la
cual se ha elaborado la propuesta y que, a riesgo de ser reiterativo, resulta
una característica común de la gestión de gobierno en la materia. Sin
embargo, más allá que esa ha sido la deliberada intención que ha animado las
acciones del Poder Ejecutivo, debo coincidir que la gran mayoría de las
medidas implementadas no hubieran sido posibles sin la convicción y el
acompañamiento de los señores legisladores. Bajo
idénticos lineamientos que surgen de lo señalado anteriormente se ha
elaborado la presente iniciativa, de acuerdo a las medidas que se explicitan
seguidamente. Para
el Impuesto Inmobiliario (Título I), no se contemplan modificaciones, es
decir se mantiene el criterio de que el monto del gravamen que recaiga sobre
el contribuyente sea idéntico al establecido para 1998, el que solo será
aumentado en aquellos casos en que se detecten construcciones y exterioricen
las no declaradas y en la proporción que las mismas representen. Por
otra parte, el proyecto contiene una propuesta de apertura del Plan de
Regularización Catastral (Art. 48), la cual se ha constituido en una
herramienta eficaz que posibilita la paulatina regularización de aquellos
que, por distintos motivos, aún no se han presentado. En
este orden, como resulta de conocimiento de ese Cuerpo, dicho régimen
legislado en le Título IV de En
este sentido, es preciso recordar que el mismo tuvo por finalidad la creación
de un mecanismo que permitiera, desde la óptica del Estado, obtener la
información relativa a las características de los inmuebles existentes en Por
todo ello, para el año 1999, se considera necesario prever la continuidad del
aludido régimen, como una forma de otorgar una última posibilidad a aquellos
que aún se encuentran potencialmente comprendidos por el beneficio. En
cuanto a las restantes normas referidas al Impuesto, contenidas en el Título
VI -artículos 50 y 51- las mismas encuentran su fundamento en distintas
causas. En
efecto, en el primer caso, en atención al breve intervalo transcurrido entre
el cierre del régimen de regularización catastral (29/9/98) y el momento en
que se inician las tareas de emisión de la última cuota desimpuesto
corriente, se ha tornado –desde el punto de vista administrativo-
materialmente imposible receptarlas en el ejercicio en curso, circunstancia
que –obviamente- no puede repercutir sobre los contribuyentes. De allí que se
propone para los que espontáneamente han incorporado sus construcciones sin
previa detección catastral, saneando su situación al 31/12/97, que el mayo
impuesto resultante rija desde el 1 de enero de 1999. En
cuanto a la no aplicación del inciso a) del artículo 2 de En
síntesis, ambas medidas se asientan en razones de coherencia y armonía
legislativa, en particular esta última, en el marco de las acciones a adoptar
en la materia catastral. Finalmente,
por el lado de La
misma está dirigida a dotar al organismo de una herramienta jurídica que
permita incorporar masivamente de oficio aquellas construcciones que se
mantienen sin declarar, no obstante las sucesivas oportunidades que se han
ofrecido, incluida la presente, y que traduzca en una suma líquida la deuda
fiscal que en que se encuentran estas situaciones, las cuales –no resulta
ocioso remarcar- constituyen flagrantes supuestos de evasión impositiva. En
este sentido cabe advertir que, sin bien eventualmente se podrían relevar
individualmente, “puerta a puerta”, los inmuebles que se encuentran en
infracción, aún requiriendo el auxilio de la fuerza pública, se estima que
recurrir a tales extremos -en virtud del considerable universo comprendido en
dicha situación- importa una tarea administrativa y de afectación de recursos
humanos que conspira contra un normal desenvolvimiento del organismo, y
esencialmente, su extensión en el tiempo, privaría al Estado de los recursos
que legítimamente le corresponden para atender las necesidades de la
población. Así,
para el caso de mejoras detectadas, se ha seguido –en el caso de superficies
clandestinas sobre inmuebles ya construidos- el criterio de que lo accesorio
(la ampliación) sigue la suerte de lo principal (lo existente) y, para el
supuesto de edificios sobre inmuebles catastralmente baldíos deberá estarse a
lo relevado por la inspección ocular, pero en todos los casos, merece
resaltarse, los contribuyentes alcanzados por dicha norma siempre conservan
el derecho a reclamar cuando consideren que tales determinaciones oficiosas
no se ajustan a la realidad. Por
lo demás, para el impuesto en comentario, se continuará con la política de
otorgar descuentos por buen cumplimiento, tal como ha venido ocurriendo desde
el año 1992 para la totalidad de los inmuebles que reúnan los requisitos y
desde 1998 con la bonificación adicional que alcanza a aquellos afectados a
determinadas actividades productivas o de servicios. Para
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en su parte correspondiente (Título
II) no se contemplan modificaciones, salvo la referida al tratamiento a
dispensar a las agencias o empresas de turismo. A estos fines se establece la
gravabilidad de dichas actividades a la alícuota general aplicable a las
prestaciones de servicios, reservando la diferencial del 6% cuando realizan
mera intermediación bajo la modalidad de comisionistas o representantes en
general. En
cuanto a las previsiones contenidas en el Título VI, referidas a este tributo
(ARt. 45), merece señalarse la postergación de la entrada en vigencia de la
exención que alcanza a aquellas actividades incluidas en la última etapa del
cronograma de desgravaciones que contempla A
estos fines, se prevé que dichas exenciones comiencen a regir a partir del 1
de enero del año 2000. Al respecto corresponde aclarar que, si bien esta
medida pudiera aparentar una decisión unilateral de Por
otra parte, aún para el hipotético caso que dicha norma no se concretar en
ley al 1/1/99, debe señalarse que, en el marco conceptual, el mencionado
pacto se traduce en genuinas declaraciones de estado, soberano uno ( Es
decir, Más
aún, tal tesitura es la adoptada por En
suma, más allá del plausible acuerdo otrora arribado y de manifestar nuestra
entera voluntad de acabado e íntegro cumplimiento de los objetivos
perseguidos -tal como se verá más adelante con relación a la vigencia de
cierta exención respecto del Impuesto de Sellos-, los derechos y obligaciones
fiscales a cargo de los contribuyentes son los que surgen de las normas que
sanciona el Estado a través de los representantes del pueblo y no de aquellas
formulaciones de carácter programático y por ende sin fuerza operativa. Por
lo demás, se continuará con las acciones desarrolladas desde la
administración para el control de las obligaciones tributarias y se avanzará
en estudios sectoriales de aquellas actividades de mayor interés fiscal que
permitan la implementación de regímenes especiales de percepción, ya que se
considera que los mismos constituyen una herramienta indispensable, en las
actuales circunstancias, para combatir la evasión y, consecuentemente,
aumentar la recaudación de este recurso propio de Para
el Impuesto a los Automotores (Título III) se mantiene la estructura de años
anteriores y se introduce una norma complementaria a la modalidad que
establece el Código Fiscal para determinar la base imponible del gravamen
para vehículos usados, con la finalidad de, por un lado, precisar la fuente
de información a la que se deberá recurrir para obtener tales valores
(Provincia Seguros S.A.) y, por el otro, aplicar un método, imperativo,
derivado de la propia ley, que recoja la depreciación anual promedio de los
bienes registrables en cuestión. Como
se podrá advertir, la propuesta incorpora elementos que permiten afirmar que
el Impuesto a los Automotores a aplicar durante el año 1999 tendrá mayor
seguridad y certeza en la relación fisco-contribuyente, lo cual redundará en una
actitud proclive al cumplimiento tempestivo de las obligaciones tributarias. Para
el Impuesto de Sellos (Título IV) no se registran cambios, siendo del caso
destacar la modificación que se incorpora respecto de la exención vigente
para las operaciones financieras y de seguros destinadas a los sectores
productivos, que se dispusiera por Decreto 3884/93 -ratificado por Leyes
11.490 y 11.79-. Al
respecto (Art. 44), a fin de exteriorizar nuestra voluntad de mantener al
margen de la imposición tales actos, se elimina del artículo 2 el
condicionamiento de la vigencia de la desgravación al mantenimiento por parte
de En
otras palabras, aún cuando dicha interpretación fuera acertada, en Idéntico
criterio en cuanto a la ausencia de variaciones se ha adoptado con relación a
las Tasas Retributivas de Servicios (Título V), las cuales solamente se han
visto alteradas por la incorporación de determinados servicios (Direcciones
Provinciales de Transporte y Agricultura), y eliminación por ausencia de
actividad estatal (caso de celebración de matrimonios denominados “móviles”)
o por desgravación (ciertos actos a favor de asociaciones mutualistas y
entidades de bien público ante En
relación a las restantes normas incluidas en el Título VI -Otras
Disposiciones- que no han sido objeto de comentario anteriormente, merecen
especial atención aquellas que se refieren a los instrumentos que se prevé
implementar con relación a las deudas tributarias y las modificaciones del
Código Fiscal. Así,
se contempla (Art. 46), al igual que en el texto de Por
otro lado (Art. 47), y bajo idéntico objetivo al perseguido por la medida
señalada anteriormente, esto es hacer efectivo el crédito fiscal sin
necesidad de recurrir a la vía judicial, se propone extender la facultad
otorgada por el artículo 85 del Código Fiscal, exclusivamente para el año En
cuanto a las modificaciones al Código Fiscal que se han proyectado (Art. 53),
las mismas se sustentan en la necesidad de armonizar (en el caso del Art. 87)
el principio general que sienta la norma, con relación al momento a partir
del cual comienzan a regir las exenciones, esto es desde la solicitud, con lo
dispuesto en el Art. 87 bis con referencia los impuestos Inmobiliario y a los
Automotores (desde el acto traslativo de dominio de un gravado a un exento)
y, en el supuesto del Art. 237 (Impuesto de Sellos), la base de cálculo del
tributo que recae en los contratos de compraventa de vehículos automotores
con el valor asignado a los mismos respecto al gravamen patrimonial. En
cuanto a la posibilidad que Finalmente,
también vinculado al Código Fiscal, se prevé el otorgamiento de efectos
retroactivos a la liberalidad del inciso h) del Art. De
esta manera, se deroga tácitamente la modificación introducida a la norma en
cuestión por el inciso 10 del Art. 42 de Asimismo,
se propone aplicar una vigencia temporal -en el caso para todos los períodos
fiscales no prescriptos- a la metodología que se utiliza para determinar el
impuesto a las embarcaciones deportivas o de recreación. Ello así, en razón a
que resulta equitativo uniformar su tratamiento, ya que se han advertido
fuertes distorsiones entre los valores de las deudas exigibles anteriores a
1994 -año en el cual se modificó el sistema de cálculo del impuesto- y los
posteriores. Las
demás disposiciones se limitan a manifestar la adhesión formal de Dios
guarde a Vuestra Honorabilidad. |
