Fundamentos de la |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ley 13002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONORABLE LEGISLATURA: Tengo el agrado de
dirigirme a esa Legislatura con el fin de someter a su consideración el
proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Pública de la
provincia de Buenos Aires para el año 2003. Las importantes y
adversas secuelas de la crisis global, agudamente exteriorizada en el curso
del último bimestre de 2001, de la que dábamos cuenta en el mensaje del
proyecto de Ley de Presupuesto 2002, han determinado un escenario de
operación de la hacienda pública de incierta previsibilidad, razón por la
cual no ha sido posible remitir antes este proyecto a consideración de la
Legislatura. Dando continuidad a
la gestión del presente ejercicio, el proyecto de Presupuesto 2003 plantea
metas ambiciosas: generar -después de varios ejercicios- un superávit en la
cuenta corriente de alrededor de $376 M, que contribuya a recuperar
parcialmente los niveles de inversión pública; reducir en 90% respecto del
ejercicio en curso el déficit primario (desciende de $ 1.079M a $104 M); y
disminuir en alrededor del 50% el déficit total (primario más intereses de la
deuda), que alcanzará a $ 709 M en 2003. Así, se tiende a dotar al erario público de un
piso de solvencia presupuestaria y financiera que permita aprovechar para la
comunidad bonaerense los incipientes signos de reactivación, a la vez que
encarar las reformas estructurales que requiere el Estado y la sociedad
provincial. El proyecto de Presupuesto 2003 evidencia -en
correspondencia con la línea del Gobierno nacional- como factor distintivo e
integrador, la importancia asignada a las políticas sociales, que no sólo
exige disponibilidad y direccionamiento de recursos, sino grandes esfuerzos
organizacionales y de gestión para atenuar los efectos de la crisis planteada
en aproximadamente tres millones de personas de la población más castigada. Paralelamente, la asignación del gasto está
íntimamente ligada a la reforma del Estado provincial, ya iniciada. La
calidad y la eficiencia en la gestión es una premisa central para el
ordenamiento y equilibrio presupuestario, tendiendo a garantizar la provisión
de los servicios básicos a los bonaerenses. 1. EL CONTEXTO MACROECONÓMICO EN 2002. Hacia fines de 2001, la insostenible situación política, económica y
social devino en un cambio institucional a nivel del Poder Ejecutivo
nacional. De este modo, Argentina inició el año 2002 inmersa en la crisis más
grande de su historia: clima de convulsión social, altos niveles de
desempleo, severos problemas de pobreza e indigencia, pérdida de credibilidad
en las Instituciones, una actividad económica quebrantada, grandes pérdidas
de reservas, un sistema bancario virtualmente destruido, default de la deuda
pública y, consecuentemente, el esquema monetario-cambiario de convertibilidad
fácticamente inexistente. 1.1- La inevitable devaluación del peso y sus consecuencias iniciales En ese
contexto, se decidió adoptar un régimen de flotación que inicialmente derivó
en un proceso devaluatorio acompañado por aumentos de precios. A su vez, con
el objetivo de evitar caídas masivas de bancos y quebrantos generalizados de
los tomadores de crédito, se intensificaron las restricciones al movimiento
de depósitos impuestas el año anterior y se llevó a cabo la “pesificación
asimétrica” de activos y pasivos de los bancos. Como resultado
inmediato, la desconfianza se acentuó más aún, y las presiones para retirar
depósitos cobraron mayor fuerza. A pesar del “corralito” financiero, la
interposición de recursos de amparo por parte de los ahorristas generó un
constante drenaje de fondos del sistema que obligó al Banco Central a
implementar una agresiva política de redescuentos. El resultado inmediato fue
un clima de inestabilidad macroeconómica reflejado en la aceleración del
proceso inflacionario y, como consecuencia, un mayor deterioro de la
situación social. El gobierno
respondió rápidamente con una fuerte política de asistencia (subsidios de
desempleo, aumento salarial en el sector privado e incremento de las
jubilaciones mínimas). Era evidente que cualquier programa de ayuda
resultaría insuficiente a la luz de la profundidad de las dificultades
sociales, pero también es cierto que las medidas adoptadas fueron vitales
para reducir drásticamente el clima de conflictividad social que imperaba a
fines del año anterior. Al mismo
tiempo, con el objetivo de estabilizar las variables nominales, el Poder
Ejecutivo puso énfasis en mantener la consistencia en el frente fiscal -
monetario: * Dado que ante la ausencia de mecanismos alternativos de
financiamiento cualquier necesidad de fondos que tuviera el Gobierno debía
ser financiada con emisión monetaria, se procuró mantener contenido el gasto
primario y se incrementaron los recursos fiscales introduciendo retenciones a
las exportaciones. * Para reducir la necesidad de asistencia a las entidades bancarias
se implementaron sucesivos planes para canjear depósitos por bonos y se
intentó frenar el “goteo” de fondos mediante la sanción de la denominada “ley
tapón”. Si
bien al cierre del primer semestre todavía existía inestabilidad nominal, se
logró uno de los objetivos más urgentes que enfrentaba el Gobierno: contener
el clima generalizado de convulsión social. Cuadro 1
Resumen del primer semestre de 2002
(*)
Corresponde a la cotización del dólar oficial. El cierre del mes del mercado
libre fue de 1,94 $/U$S. A partir del siguiente mes, febrero de 2002, existe
mercado único y libre. Fuente:
MECON, INDEC, BCRA. 1.2- La
estabilidad nominal y los primeros síntomas de reactivación Luego de un
comienzo de año problemático en el cual el incremento del nivel de precios
repercutió negativamente sobre la demanda interna, en el segundo semestre se
logró estabilizar las variables nominales reduciendo drásticamente las
probabilidades de un proceso hiperinflacionario y comenzaron a advertirse los
primeros indicios de una recuperación del nivel de actividad originada en los
sectores transables de la economía. Las claves de la estabilidad monetaria
fueron la sincronía y oportunidad de
las políticas monetaria, fiscal y cambiaria implementadas por el Gobierno, y
el importante superávit de cuenta corriente: * La introducción de las Lebacs funcionó como un instrumento efectivo
para captar liquidez, y a su vez permitió a los bancos ofrecer tasas de
interés atractivas que redundaron en un aumento progresivo de depósitos
(mayor demanda monetaria). * El incremento de depósitos y el menor “goteo” de fondos se tradujo
en una caída en la demanda de redescuentos por parte de los bancos, al tiempo
que el aumento de los ingresos fiscales (por efecto de la inflación y de las
retenciones a las exportaciones) redujo la necesidad de asistencia al Tesoro
Nacional. * La fuerte retracción de las importaciones dio lugar a un abultado superávit
comercial, aún a pesar de la lenta recuperación de las exportaciones. El
resultado externo, junto con las restricciones cambiarias impuestas por el
Banco Central (menor plazo para la liquidación de exportaciones) dieron lugar
a un incremento de la oferta de divisas. Estos elementos redujeron drásticamente las presiones sobre el
mercado cambiario, permitiendo no sólo estabilizar el precio del dólar sino
también incrementar las reservas internacionales. Por su parte, los signos de recuperación del nivel de actividad, se
originaron en la mejor posición competitiva de los sectores transables
(exportadores y sustitutivos de importaciones) derivada del fuerte incremento
del tipo de cambio real (la devaluación nominal fue muy superior a la
inflación). Varias ramas industriales (entre ellas, aceites y subproductos,
petroquímicos, textiles, productos siderúrgicos y aluminio primario) y el
sector agropecuario comenzaron a mostrar tasas de crecimiento positivas hacia
finales de año. Todos estos resultados se alcanzaron en un escenario institucional
delicado y sin ayuda de los organismos multilaterales de crédito. El cuadro siguiente resume la evolución de las principales variables
económicas en el transcurso del período 2001-2002: Cuadro 2
(a) Cifras estimadas para
el cierre del año 2002. Fuente: BCRA, INDEC y
MECON. 2.LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 2002 2.1 Introducción: La ejecución presupuestaria del presente ejercicio
debe entenderse en los términos de la necesidad de sanear las finanzas de la
Provincia en un contexto macroeconomico adverso. Dicha necesidad devino
-institucionalmente- en el compromiso firmado con la Nación el 31 de mayo del
corriente, elevado al rango de Ley (la 12.952). Así, se proyecta lograr -con
fuerte expectativa de concreción- el debido cumplimiento de las metas de
déficit primario y total acordada y ratificada por la citada Ley 12.952. Es sabido que en un contexto de crisis económica
agravada por el proceso inflacionario, los ingresos reales de la población
disminuyen, lo que origina un incremento en la demanda de bienes y servicios
públicos. Estas condiciones de mayor demanda, junto a la necesidad de
resolver el problema fiscal, obligaron a redoblar esfuerzos de calidad de
gestión en pos de cumplir con ambos objetivos. Lo expuesto, traducido en resultados, proyecta una
ejecución del presupuesto 2002 con ingresos y gastos primarios por
-respectivamente- $8.503 M y $9.582 M, lo que arroja un déficit antes de
intereses de $ 1.079 M. Al adicionar intereses, el déficit se eleva a $ 1.377
M. De esta forma, el déficit primario del año 2002 se reduce en un 59 %,
respecto del año anterior, en tanto que el total lo hace en un 57%. Ello,
como consecuencia de un incremento en los recursos del 12% y una disminución
del gasto del 6%. A continuación se expone, en miles de pesos, la
evolución presupuestaria 2001-2002 ( Cuadro 3). Cuadro 3 En miles de pesos 2.2 De los
recursos en 2002: Al pasar de $
7.487 M a $ 8.407 M, los recursos corrientes totales de 2002 superan en 12,3%
a los de 2001, merced a un crecimiento del 15,7% en los provinciales y del
8,2% en los de origen nacional. Los recursos
tributarios provinciales para 2002 superan en casi 18% a los de 2001,
destacándose el comportamiento del impuesto sobre los ingresos brutos, por el
que se recaudará un 16% más que en el año 2001. También resulta significativa
la recaudación por moratorias (Leyes 12.837 y 12.914), que ha de alcanzar a $
730 millones, es decir, un 130% más que en 2001. El régimen de la Ley 12.914,
cabe recordar, fue implementado en forma descentralizada por los municipios,
materia sobre la cual volveremos más adelante. Por el
impuesto inmobiliario se recaudará en 2002 $ 594 M, es decir, casi un 7% más
que los $ 555,6M ingresados en 2001. Por la menor incorporación de vehículos
nuevos, en el impuesto automotor se espera recaudar $ 313M, un 14% menos que
los $364 M recaudados en 2001. El incremento
generalizado de la recaudación de los impuestos provinciales obedece al
comportamiento combinado de variables exógenas y endógenas a la administración
tributaria: Entre las
primeras resalta el aumento nominal de una parte de la base imponible (debido
a la elevación inflacionaria del nivel de precios), lo cual favorece
típicamente a la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos; y la
mejora relativa de los precios agropecuarios, lo cual facilitó el pago
voluntario de los contribuyentes del impuesto inmobiliario rural. Entre las
segundas cabe destacar al oportuno manejo de las notificaciones e
intimaciones a los contribuyentes; la implantación del régimen de retención
en entidades bancarias; la aceptación por la Provincia como medio de pago de
sus tributos a títulos de la deuda provincial y nacional (lecops),
facilitando así el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los
contribuyentes; y la agresiva campaña de recupero de deuda. Los recursos
de origen nacional alcanzan en 2002 a $ 3.719 M, un 8,2% más que los $ 3.436
M recaudados en 2001. Dicho incremento obedece esencialmente al pago
realizado por el gobierno nacional, a través del Fondo Fiduciario, de las
deudas generadas durante 2001, producto de los incumplimientos en las
transferencias garantizadas establecidas en el Compromiso Federal por el
Crecimiento y la Disciplina Fiscal. Dichos incumplimientos se debieron a la
caída en la recaudación de impuestos que dan origen a las transferencias
nacionales de los regímenes de coparticipación y asignaciones específicas.
Asimismo, el año 2002 registra aportes para programas sociales por $145
millones, por la incorporación de los planes jefes y jefas de hogar. Continuando
con el análisis de los recursos de origen nacional, debe tenerse en cuenta
que, si bien el primer bimestre de 2002 resultó garantizado por montos fijos
(al igual que en 2001) de acuerdo al Pacto firmado con la Nación en noviembre
de 2001, lo fue por montos mensuales reducidos en un 13%. Esta garantía cayó
en marzo, en el marco del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera
y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, firmado el 27
de febrero de 2002. En el mismo acuerdo se estableció la transferencia del
30% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios en el régimen de
Coparticipación Federal. 2.3 De las
erogaciones en 2002: Las erogaciones primarias para 2002 se estiman en $
9.583 M, importe que -si bien supera en 3% al implícito en la Ley 12.952- es
5.9 % menor a los 10.183 M ejecutados durante 2001. Los gastos primarios han
disminuido en $ 600 M. Veamos cómo se han comportado en 2002, las distintas
partidas componentes del gasto: 2.3.1 Personal: Aún proyectándose un incremento de
2.3% respecto de lo establecido en Ley 12.952, estos gastos caerán en 5,7%
respecto a los del año 2001, erogándose $ 324 M menos. Esta reducción del gasto en personal fue planteada,
respetando el principio central de no disminuir el empleo público mas allá de
las bajas vegetativas por jubilaciones o decesos, a fin de no empeorar las ya
graves condiciones del mercado laboral. Se adoptaron medidas focalizadas tendientes a
racionalizar las erogaciones en personal, entre las que se destacan la
aplicación de la Ley 12.727 y sus modificatorias, el congelamiento de
vacantes, el estricto cumplimiento de las normas de jubilación, el
establecimiento del régimen de las denominadas URPE, y la reforma del régimen
docente establecido en la Ley 12.866. Cabe destacar, acerca de esta parte del gasto del
Estado provincial, el esfuerzo
realizado por los trabajadores públicos bonaerenses, quienes han acompañado
este proceso de saneamiento del estado provincial, prestando servicios a la
comunidad en un contexto social de gran fragilidad. 2.3.2 Bienes y servicios: Dada la decisión de
garantizar el nivel de servicios prestados y asumiendo que el proceso
inflacionario generó un suba en los costos de los insumos que utiliza el
sector público, resulta evidente que el marco general de condiciones en el
que se hubo de ejecutar este género de gastos no fue de lo más cómodo. No
obstante ello, la ejecución proyectada presenta, respecto de 2001 una baja
del gasto del 10 %,o sea, de $ 124M,
aún asumiendo un desvío del 12% con respecto al nivel del acuerdo ratificado
por la Ley 12.952. 2.3.3
Transferencias: La suma de $2.881 M por transferencias
corrientes con que se espera cerrar el ejercicio 2002, es mayor en 4.7% a las
del año 2001, debido básicamente -tal las prioridades del Gobierno
provincial- a un incremento en las transferencias a municipios y a las
mayores erogaciones por planes sociales. Comparando las
transferencias presupuestarias a los municipios se observa, una menor
ejecución por coparticipación, que contrasta con los mayores aportes directos y por descentralización
(incluyendo el plan de recupero de deudas), de forma tal que el efecto neto
arroja que las transferencias de 2002 superan en $ 72 M (o sea, en 6,3%) a
las del año 2001:
Cuadro 4
* Millones de pesos. ** Diferencia porcentual
2002 respecto a 2001. La baja en la coparticipación se explica por un
cambio en el esquema legal de distribución de recursos: mientras que en el
año 2001, el artículo 25 de la Ley 12.575 garantizó a los municipios un nivel
fijo de $ 1.050 M, en el presente año se dio estricto cumplimiento al
artículo 64 de la Ley de Presupuesto 2002 por el cual la suma transferida no
podía ser inferior a la que resulte de la aplicación de la Ley 10.559 a los recursos coparticipables
presupuestados. No obstante y en forma adicional se transfieren aportes no
reintegrables por $160M, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de
dicha Ley y en el Decreto 2.483/2002 sometido a consideración de esa
Legislatura. Finalmente el resto de transferencias corrientes
(básicamente por planes sociales) aumentan en 7%, al pasar de $ 1.069 M en
2001 a $ 1.144 en 2002. Si a esta ultima cifra se le adicionan los $ 165 M y
los $ 59 M informados precedentemente se alcanzan los $ 1.368 M expuestos en
el cuadro 3. 2.3.4:
Erogaciones de Capital: La asignación de
prioridades ya comentada (sostén de la planta de agentes públicos, prestación
de los servicios esenciales, apoyo a los municipios y a los planes sociales),
unida a la fuerte restricción financiera enfrentada durante el año 2002 y a
la desaparición de los mercados de crédito como forma alternativa de
financiamiento, obligaron a una importante reducción en el programa de obras
públicas, y a una reprogramación de la gestión a fin de enfrentar
problemáticas específicas, tales como las emergencias climáticas y la crisis
del prestador del servicio de agua. Los factores
mencionados explican la fuerte caída (46%) de $ 241 M en el gasto de capital
en el año 2002 respecto del 2001. Aún así en el presente ejercicio se han
ejecutado o están en proceso de ejecución importantes obras: defensas de
cascos urbanos, inversiones en las cuencas superior e inferior del río
Salado, obras en las rutas 41, 51, 50 y 29, entre otras. En dicha ejecución
participó el fondo fiduciario de la Ley 12.511, con $ 66 M. 2.4 Del financiamiento en 2002: Al comenzar el año 2002, la crisis económica y
financiera, luego de más de tres años de recesión, llegó a un punto
culminante, cuando los ingresos llegaron a bajar más del 30% en valores
nominales respecto del mismo período del año anterior. En ese contexto, y siguiendo lo actuado por el
Gobierno nacional, la Provincia suspendió los pagos de su deuda financiera a
fines del mes de enero, ante la necesidad de garantizar la prestación de los
servicios básicos que brinda a la población. Ya antes de esa medida los mercados voluntarios de
deuda estaban totalmente cerrados para emisores argentinos. Esto determinó la
necesidad de ampliar las emisiones de Patacón 2 para financiar la brecha
entre las erogaciones y la recaudación de recursos, y para proceder al
rescate de los Patacones creados por la Ley 12.727. Esta emisión de Patacón 2
constituyó más del 90% del financiamiento provincial durante algo más de la
primera mitad del año. A los efectos de impedir que la abundancia de
Patacones tendiera a disminuir su valor, la Provincia acordó, a fines de
mayo, un Programa de Financiamiento Ordenado con el Estado nacional,
tendiente a reemplazar en la segunda mitad del año las emisiones de Patacones
por financiamiento. De ese modo, y luego de una última emisión en la primera
quincena de julio, prevista en el acuerdo para el caso de que no se
efectivizara la primer cuota del programa, no se realizaron nuevas emisiones
de Patacones. El acuerdo del Programa de Financiamiento Ordenado,
ratificado por Ley N° 12.952, estableció que la emisión de Patacones sería
reemplazada por financiamiento provisto por el Gobierno nacional, por hasta
un monto de $800 millones durante el segundo semestre de 2002, acordándose
asimismo que, de no producirse el ingreso de la primer cuota, de $135
millones, antes del 10 de julio, la Provincia podría emitir Patacones por
dicho monto, lo que efectivamente se produjo. La
instrumentación de este acuerdo
requirió, en el orden nacional, la sanción del Decreto P.E.N. Nro.
2.263/2002, asignando recursos a dicho Programa, lo que recién ocurrió en el
mes de noviembre. Mientras tanto, el Ministerio de Economía de la Nación
otorgó a la Provincia anticipos a cuenta de este Programa, que hasta mediados
de noviembre totalizaban $160 millones, quedando así pendiente de recepción
poco más de $500 millones. El financiamiento del año 2002 se completó
principalmente con desembolsos de programas ya acordados con organismos
multilaterales, especialmente relacionados con infraestructura escolar y con
la red vial provincial. Además, a principios de año fueron colocados bonos de cancelación de
obligaciones (BOCANOBA), a partir de convenios acordados durante el año
2001, antes de que se decidiera la
suspensión de la entrega de estos títulos a fines del mes de enero del
corriente año. Finalmente, y
con menores valores, también fueron entregados bonos de consolidación de
deudas. 2.5: Los
servicios de la deuda en el 2002: La emergencia económica
determinó la suspensión casi general de pagos de servicios de la deuda
financiera, exceptuándose sin embargo: a) los títulos de cancelación de
obligaciones emitidos a partir de la Ley 12.727, que se originaron en
obligaciones de carácter corriente, y cuya continuidad se juzgó indispensable
en función de la continuidad de la prestación de servicios; b) los préstamos
de organismos multilaterales, que se encuentran garantizados por el Gobierno
nacional, con respecto a los cuales se indicó a la Secretaría de Hacienda de
la Nación que, en pos de coordinar la política respecto de estos servicios,
se realice la deducción de los fondos coparticipables entregados en garantía
de aquellos montos pagados por el Gobierno nacional que corresponda sean
reintegrados por la Provincia. Así, se procedió al rescate de los Patacones serie
“A”, creados por Ley 12.727. De los $614,7 millones emitidos a fin del año
2001, para el 13 de noviembre de 2002 sólo quedaba en poder de particulares,
municipios o entidades financieras la suma de $37 millones, continuándose el
rescate en las semanas siguientes a esa fecha. Con respecto a los BOCANOBA, se realizó el pago de
intereses el 25 de enero, mientras que el correspondiente al 25 de julio fue
suspendido hasta tanto venza el plazo para el ejercicio de la opción de canje
por un nuevo título en dólares, según lo establecido por la Ley Nro. 12.973,
a los efectos de que los tenedores puedan volver a disponer, si así lo
desean, de un título en dólares, a pesar de las normas de conversión a pesos
dictadas a partir de la Ley Nacional Nro. 25.561. Es de hacer notar que la mayor parte de la deuda de
la Provincia fue encomendada, a través del Decreto 2.665/2002 (en función de
la autorización establecida en el artículo 7 de la Ley 12.836), al Gobierno
Nacional para que sea renegociada en el marco del llamado “Canje de la Deuda
Provincial”. En ese marco, el Gobierno nacional decidió la emisión de bonos
nacionales garantizados, en pesos (indexados por CER), a 16 años de plazo
-con tres de gracia para el capital- e intereses del 2% anual, pagaderos
mensualmente a partir de octubre de 2002 (los intereses exigibles serán
pagados a los acreedores en el momento de entrega de los Bonos). Al
concretarse el canje, los acreedores se quedarán con los bonos nacionales
garantizados, en tanto la Provincia tendrá una deuda con el Estado nacional,
pagadera en las mismas condiciones que los bonos mencionados. Dicho canje tiene tres etapas: la primera, se
refiere a las obligaciones que ya fueron declaradas elegibles a fines de 2001
por el Gobierno nacional; la segunda, a obligaciones declaradas elegibles
durante el presente año, excepto originadas en deudas municipales; y la
tercera, a las obligaciones originadas en deudas de los municipios.
Cuantitativamente, para la provincia de Buenos Aires, la primer etapa es
claramente la más importante. Esta etapa tendría su culminación, con la firma
de los respectivos convenios por parte de la Provincia, el Estado nacional y
los acreedores, a principios del año 2003. De acuerdo con la información disponible, será
canjeada la totalidad de la deuda con bancos -ya sea préstamos o títulos-,
algo más del 20% de los eurobonos emitidos y no rescatados por la Provincia,
y una fracción importante de los BOCONBA en circulación. De esta manera, el
Estado nacional pasará a ser el principal acreedor de la Provincia. En lo que hace a los bonos de consolidación de
deudas Ley 11.192 (BOCONBA) cuyos titulares no ejercieron la opción de
transformarlos en bonos nacionales garantizados, si bien los pagos estuvieron
suspendidos desde enero, el Poder Ejecutivo planea regularizar la situación
en los próximos meses. Para ello, es necesario tener la identificación de
aquellos bonos que sí ingresarán al canje de deuda provincial, lo que se
espera lograr durante el mes de diciembre, a partir del cierre del plazo de
presentación de ofertas para dicho canje, a fines de noviembre. Para el caso
de los BOCONBA en dólares, será también necesario el cierre del plazo que se
dará a los titulares para ejercer la opción por un título provincial en
dólares, emitido bajo la Ley Nro. 12.973, lo que se estima ocurrirá hacia fin
de año. Es importante mencionar que, a partir de las Leyes
12.727, 12.837 y 12.914, una parte significativa de los impuestos
provinciales (más de $200 millones) fue pagada en BOCANOBA o en BOCONBA Ley
11.192. Dichos títulos no fueron puestos nuevamente en circulación -pese a
existir autorización en este sentido- en consideración del descuento que
sufre en el mercado su precio, y se planea proceder a su rescate definitivo. 3. EL ESCENARIO PLANTEADO PARA EL 2003 El Presupuesto que sometemos a la consideración de
V.H. ha sido elaborado sobre la base de las incipientes mejoras que
comentáramos en el párrafo 1.2, en un contexto general de todos modos
difícil: el producto bruto interno caerá en términos reales un 11% en 2002
respecto de 2001 (con un crecimiento nominal del 32,9% y un aumento en los
precios implícitos del 49,3%), con fuertes caídas reales del consumo y de la
inversión: 12,5% y 38,4%, respectivamente; un leve crecimiento real en las
exportaciones, del 1,7%, y una fuerte caída -siempre real- del 49,3% en las
importaciones. Hemos tenido en cuenta para la confección del
proyecto de Presupuesto 2003 las principales proyecciones macroeconómicas
incorporadas en el proyecto de Presupuesto de la Nación para el ejercicio
2003, particularmente las siguientes variaciones respecto de 2002.
El tipo de cambio para 2003, siempre siguiendo la
estimación nacional, ha sido considerado a razón de $3,63 por cada dólar
estadounidense. Ahora bien, los bajos niveles de partida sobre los
cuales se apoya el esquema de leve mejoría antes planteada inhiben de adoptar
otras políticas que no sean las de continuidad de la austeridad fiscal con la
que se está ejecutando y cerrando el año en curso, tales que permitan el
logro de las metas que para el año 2003 hemos indicado al inicio de esta
exposición. En este contexto, entendemos imprescindible extender hasta el 31
de diciembre de 2003 la vigencia de la emergencia establecida por la Ley
12.727, cuya finalización -de otra manera- operaría el 25 de julio de 2003. 4. EL PRESUPUESTO 2003 En el siguiente esquema (cuadro 5) se sintetiza el
proyecto sometido a vuestra consideración: Cuadro 5
4.1 De los recursos en 2003: Se estima para el ejercicio 2003 un incremento en
los recursos corrientes del 20,5% con respecto al año en curso. El aumento
esperado es del 21,1% en los recursos provinciales y del 19,6% en los de
origen nacional. 4.1.1 De los recursos provinciales en 2003: En el impuesto sobre los ingresos brutos se espera
recaudar 44% más que en 2002, lo que significa un incremento de $916 M. En lo
que hace a este tributo se contemplan diversas acciones de administración
tributaria, tales como la realización de cruces masivos de información; la
fiscalización de unas 12.000 presentaciones; el seguimiento y control
particularizado de los 15.000 principales contribuyentes; la obligatoriedad
de la presentación de declaraciones juradas por medios electrónicos; etc.
Según veremos más adelante, cobra especial relevancia en este impuesto y en
el inmobiliario rural, el esquema de descentralización de la administración
tributaria que se propone, como así también la propuesta de cambios
normativos presentada en el mensaje que acompaña al proyecto de Ley
impositiva para el año próximo. Se estima en $ 725 M la recaudación del impuesto
inmobiliario, es decir, un 22% más que en el ejercicio 2002,
correspondiéndole $ 550 M a la imposición urbana y los restantes $ 175 M a la
rural. No se contemplan cambios en
los niveles de imposición urbana, atento el deterioro de los ingresos del
grueso de estos contribuyentes. En el caso del impuesto inmobiliario rural se
aspira a actualizar las valuaciones fiscales a fin de captar parcialmente el
mayor valor nominal de la tierra provocado por la devaluación del peso. Dicha
actualización ha de promediar el 50%, estimándosela prudente para las
explotaciones rurales, considerando sus mayores rentabilidades provocadas por
la mejora de sus precios relativos. En lo que hace
a las exenciones del Impuesto Inmobiliario originadas por la declaración de
situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario, se prevé introducir, en
las normas que regulan tales beneficios, modificaciones con el objeto de
simplificar y controlar efectivamente el otorgamiento de los beneficios
impositivos, a la vez que se dejarán sin efecto prácticamente todas las leyes
promocionales, medidas estas que originarán un incremento en la recaudación
del tributo. Con relación a
la administración del Impuesto Inmobiliario Urbano se prevé realizar el
control temprano de la deuda corriente, basado en información oportuna de los
pagos realizados en el BAPRO; continuar con las acciones de control
relacionadas con multipropietarios cuyas valuaciones fiscales acumuladas
resulten importantes; realizar fiscalizaciones masivas, cruzando información
propia con la disponible en municipios y empresas de servicios; fiscalizar
mejoras importantes no declaradas; asignar CUIT, o código equivalente, a
aquellas partidas que no tengan este dato registrado; y desarrollar un
sistema especial de cobro y control para los empleados del Estado bonaerense. En el Impuesto
a los Automotores se proyecta una percepción de $ 347 millones, esto es, un
10,8% superior a lo que se espera recaudar en el año 2002. En este aspecto
resulta importante destacar que, si bien la valuación del parque automotor
provincial ha evidenciado un crecimiento nominal del orden del 48%, en
promedio, según la información suministrada por Provincia Seguros, la
estrategia de recaudación del año 2003 se asienta en mejorar la cobrabilidad
del tributo mediante el otorgamiento de un fuerte incentivo al cumplimiento
fiscal por parte del contribuyente. El incentivo consistirá en una
bonificación equivalente al aumento del impuesto producido por la mayor
valuación del automotor, y se otorgará en la medida que el contribuyente
pague sus obligaciones en tiempo y forma. Es decir, el contribuyente saldará
su obligación pagando el mismo importe que abonó en el año 2002; en caso
contrario, el incumplimiento liberará una cuota adicional equivalente a la
diferencia del impuesto generada por el aumento del valor del vehículo.
Asimismo, se prevé la excención de todos los vehículos cuya fabricación sea
anterior al año 1987. Esta medida, si bien implica una pérdida de recursos,
se verá compensada por la mejor fiscalización que podrá realizarse sobre
aquellos automotores de mayor interés fiscal, dado que se dejarán de
administrar alrededor de 1.800.000 vehículos. Finalmente, respecto del Impuesto a los Automotores,
en el proyecto de ley Impositiva se impulsa una adecuación de la tabla de
imposición incorporando un tramo intermedio de alícuota, con el objeto de
bajar la presión a una porción considerable de contribuyentes. En materia de
administración del Impuesto Automotor, se prevé realizar las siguientes
actividades: el control temprano de la deuda corriente, basado en información
oportuna de los pagos realizados en el BAPRO; el control de multititulares
cuyas valuaciones acumuladas resulten importantes; el cruce de información
con datos provenientes de las aseguradoras, para determinar el actual
poseedor del bien; la fiscalización de concesionarios y otros contribuyentes
dedicados a la reventa de automotores; el desarrollo de un sistema especial
de cobro y control para los empleados del Estado bonaerense; y la reingeniería
total del Sistema de Información y Control del Impuesto, basado en
información aportada por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. En Sellos, el incremento de la recaudación de $ 79M
(26,8%) se verificará, principalmente, como consecuencia del aumento en los
precios y en la cantidad de transacciones, conforme se vayan regularizando
las restricciones para disponer de los depósitos bancarios y se extienda la
utilización de los títulos BODEN para realizar operaciones de compraventa de
autos y propiedades inmobiliarias. También el
cálculo impositivo en Sellos recoge el incremento, previsto en el proyecto de
Ley Impositiva, de la alícuota para las operaciones que se efectúen a través
de las cámaras registradoras. Respecto de este tributo, las tareas a encarar
en materia de administración
contemplan el desarrollo de un nuevo sistema informático para el
registro de declaraciones juradas y pagos y su control, aplicable a los
Escribanos, al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y restantes agentes
de recaudación; y nuevas acciones de fiscalización. Con relación a las moratorias, cabe consignar que,
al no preverse otras nuevas, el producido estimado para el año 2003 sólo
incorpora las cuotas que vencen en dicho año referido a las instrumentadas en
el año 2002. Cabe subrayar la decisión del Gobierno de
instrumentar planes de pagos para que los contribuyentes puedan regularizar
su situación con el fisco provincial. Se tendrá especial consideración con
aquellos que cuenten con limitadas posibilidades económicas, los que se verán
beneficiados con facilidades especiales de pago para el impuesto Inmobiliario
Urbano. 4.1.2 De
los recursos nacionales en 2003: Los recursos de origen nacional, por su parte,
reflejan en su totalidad las estimaciones de recaudación de impuestos
nacionales elaboradas por el Gobierno nacional y que fueran incluidas en el
proyecto de Presupuesto de la Administración nacional, actualmente bajo
tratamiento legislativo en el Congreso de la Nación. Dichas hipótesis
contemplan incrementos en los tributos nacionales, sujetos a coparticipación
con las provincias, atribuibles, básicamente, al incremento de los precios,
la mejora en la actividad económica y, en menor medida, al mayor cumplimiento
de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. En función de lo expuesto, el alza prevista para el
total de tales recursos (19,6%) es explicada, en primer lugar, por la suba
del monto correspondiente al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
(se incrementan en un 56,6%), incidiendo también, a continuación, la
expansión de los ingresos por Transferencias de Servicios Educativos (suben
un 37%). Parte de estos aumentos
obedecen a que en el año 2002 difícilmente la Nación cumpla con las
transferencias correspondientes. 4.2 De las erogaciones en 2003: La política de
gasto para el 2003 es consistente con el austero marco general expuesto al
inicio de este mensaje y en el punto 3 del mismo. En ese contexto, se ha
priorizado, al momento de definir el nivel de erogaciones, el mantenimiento y
aún la mejora de los servicios públicos esenciales, el enfático apoyo a
programas con impacto social directo, la recuperación parcial del nivel de
inversión pública, y el énfasis en la descentralización de funciones
operativas hacia los municipios. Las erogaciones totales proyectadas para 2003 suman
$ 10.983 M, correspondiendo $ 10.378 M al gasto primario y los restantes 605
M a intereses de la deuda. Tales cifras, comparadas con la ejecución prevista
para el año 2002, implican –respectivamente- aumentos del 11,2%, del 8,3% y
del 103,3%. Se prevé que las erogaciones corrientes alcancen los $ 9.751 M y
las de capital $ 627 M. En el presupuesto provincial el mayor egreso
continúa siendo el destinado a remuneraciones de los agentes públicos, cargas
patronales asociadas y los subsidios vinculados, alcanzando al 60% del total
del gasto corriente. El proyecto sometido a la consideración de V.H. continúa
contemplando el impacto anual de la reducción salarial dispuesta por la Ley
12.727, el congelamiento de las vacantes y las limitantes establecidas por la
Ley 12.874 (de Presupuesto 2002) en materia de topes remunerativos,
antigüedad, sueldo anual complementario y determinación automática de
remuneraciones. Se sigue considerando indispensable que el Estado no
contribuya a disminuir el nivel de empleo público (más allá de las bajas
vegetativas), continuando con la adopción de medidas específicas basadas en
criterios de equidad que den continuidad a rebajas efectivas en las
erogaciones de personal. Dando continuidad a la ejecución de las medidas
reseñadas en el mensaje del proyecto de Ley de Presupuesto 2002, para el
ejercicio 2003 se estiman gastos por $ 1.022 M por la provisión de bienes y
servicios a la administración del Estado (gastos de funcionamiento). Las erogaciones proyectadas se distribuyen según se
expone en el gráfico 1 : tal como viene ocurriendo en los últimos ejercicios,
la finalidad con mayor erogación resulta ser Educación con casi 33 %. Por
otra parte, Relaciones Interiores absorbe aproximadamente el 15 %, Seguridad
13,6 %, mientras que Salud un 10,3 %, constituyendo de esta manera los
principales componentes del gasto.
Gráfico 1
A continuación, pasamos a reseñar algunos aspectos
relevantes de la política de gastos para el 2003, en orden a lo expuesto en
el primer párrafo del presente apartado: 4.2.1 Acerca de los
programas sociales. El Plan Más Vida: La Política Social es un eje central en el
direccionamiento de los recursos nacionales y provinciales y merece extender
este mensaje especialmente: La población bonaerense sufre las consecuencias de una recesión
prolongada de alcance nacional, en algunas regiones agravada por desastres
naturales. A fin de enfrentar esta dramática situación,
el Ministerio
de Desarrollo Humano y Trabajo ha elaborado un conjunto de programas que, al
tiempo que atienda las urgencias de la hora, generen transformaciones
estructurales para consolidar una sociedad más humana y más justa. Para esto
prioriza: -
Asegurar la cobertura de las necesidades básicas, especialmente la
alimentación por ser éste un derecho básico y su garantía un rol indelegable
del Estado. -
Fomentar
el trabajo productivo y generar espacios laborales orientados al desarrollo
local-regional; -
Promover la constitución de espacios de participación e
institucionalización de las acciones para el bien común, que fortalezcan y
rescaten el entorno familiar, como ámbito de referencia fundamental para
todas las acciones. -
Reorientar los programas existentes sobre la base de la articulación
territorial de cada propuesta y su inclusión en el contexto socio-económico y
cultural de cada distrito y región; En base a lo antedicho, el presupuesto 2003 presenta
una serie de particularidades que se resaltan a continuación. Continúa
implementándose el Plan para Jefes/as de Hogar Desocupados que alcanza hasta
ahora a 683 mil beneficiarios en la Provincia, asignando recursos por más de
$ 100 millones mensuales. Este Plan de gran masividad, que comenzó en abril
de este año, exige un esfuerzo organizacional multisectorial y de
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, provincial y
municipal. El Plan Más
Vida supone una profunda reformulación del tradicional Programa Vida. Se iniciará en
el 2003 como un eje central de la política social focalizada. El mismo esta
planteado como una estrategia integral de cuidado familiar, tomando a la
familia como sujeto de las acciones y no como mero objeto de la asistencia.
Se integran al Presupuesto provincial los fondos nacionales de los programas
de Emergencia Alimentaria ampliando la cobertura existente. El Plan Más
Vida será el articulador de los programas alimentarios, con la atención a la salud y aspectos educativos. La
imprescindible transformación de los programas alimentarios en intervenciones
nutricionales efectivas, se materializará en plenitud durante este ejercicio
en la nueva estrategia del Plan Más Vida. Sin embargo, las otras prestaciones
alimentarias masivas, como el Servicio Alimentario Escolar, y las unidades de
Desarrollo Infantil, comenzarán en el próximo año a transitar el mismo
camino. Ello constituye, además, la
transformación de los modos de gestión y organización El Programa
Provincial de Economía Social tiene por objeto final la reintegración de
todos los bonaerenses como productores, que participan en sistemas
productivos privados, asociativos o mixtos y en redes permanentes de
capacitación e información; que cooperen con su trabajo y sus medios (y los
que el Estado pudiera suministrar) de producción para mejorar su hábitat y
valorizar sus activos habitacionales. La principal destinataria de estas
acciones es la población beneficiaria de subsidios de empleo e ingresos que
son hoy recibidos por más de ochocientos mil hogares bonaerenses. Sus objetivos
inmediatos están orientados a: -
Facilitar el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos o
consolidar y potenciar los existentes, creando mercados para la producción
popular. -
Desarrollar
una red de instituciones de Banca Social con fondos que acompañen el
desenvolvimiento de las actividades económicas con apoyo accesible y a costos
que permitan fundamentalmente la sustentabilidad de los demandantes. -
Estimular diversas modalidades de autoabastecimiento y subsistencia
relacionándolas con los circuitos habituales de los programas alimentarios. -
Promover y fortalecer proyectos de desarrollo local que impliquen
emprendimientos de carácter productivo y/o comunitario y de formación
laboral. -
Inscribir los programas de empleo en proyectos relacionados con las
economías locales y regionales que logren generar espacios laborales
sustentables -
Incorporar una nueva generación de promotores dispuestos a dinamizar
y estimular nuevos emprendimientos, vinculándolos en cadenas de producción y
reproducción, y facilitando el acceso a recursos y programas. En el marco
conflicitivo que se evidencia, las políticas de minoridad persiguen una
reorganización de la gestión sustantiva sobre la base del diseño y la
ejecución participativos de políticas preventivas y alternativas a la
internación, desde la perspectiva de los destinatarios, que fortalezcan y
rescaten el entorno familiar, y con compromiso de las comunidades de origen. Se busca de
este modo: -
Promover la responsabilidad de cada una de las instituciones en las
situaciones que involucren a niños y adolescentes, buscando nuevas lógicas
sociales, institucionales y comunitarias. -
Estimular la generación de prácticas institucionales innovadoras,
para así fortalecer y crear estrategias de inclusión que incorporen a los
niños y adolescentes a las políticas sociales básicas.- -
Investigar, desarrollar e implementar modalidades de apoyo a la
familia que permitan fortalecer su protagonismo en la crianza y desarrollo de
los niños y adolescentes. -
Analizar y evaluar el impacto y la racionalidad de los programas. -
Apuntalar el sistema organizacional interno, tanto de información
como de gestión Cabe al
Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, a través de la Subsecretaría de
Trabajo el ejercicio constitucional del poder de policía laboral. En este
sentido se ha desarrollado y se desarrollará una acción dirigida básicamente
a tutelar los derechos del trabajador, fiscalizando el cumplimiento de toda
la normativa específica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, e
interviniendo en las cuestiones del trabajo, en los conflictos de carácter
individual, plurindividual y colectivos tanto del sector privado como del
sector público. Continuará con la participación en las negociaciones y
convenciones colectivas de trabajo en su jurisdicción. En dichas acciones
intervienen las 46 delegaciones regionales del organismo. Se acentuará
el objetivo de evitar la pérdida de las fuentes laborales existentes y al
mismo tiempo generar la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ello se
atenderán los asuntos en materia de
servicios de empleo y formación laboral en coordinación con la Subsecretaría
de Coordinación Operativa, con el propósito de que todo proyecto que
contemple planes u otras modalidades que funcionen como subsidio de desempleo
o asistencia a los desempleados, prevea la contraprestación laboral ya sea
como nuevas incorporaciones al sector privado o la capacitación laboral de
sus beneficiarios. Estas metas se ejecutarán a través de los programas de
“Empleo con participación en empresas privadas” que contemplan las líneas de
acción salario y formación laboral, “Programa de observatorio de empleo”,
“Programa de servicios de empleos municipales” y “Programa de repoblación de
pequeñas comunidades rurales del Interior de la provincia de Buenos Aires”. 4.2.2 Acerca de la
educación: El presupuesto para el próximo año contempla
la continuidad de las políticas sociales que garanticen la inclusión, el
nivel académico y la descentralización administrativa que posibilite con
rapidez y eficiencia estos objetivos. El gobierno de la provincia de Buenos
Aires asume la responsabilidad de elevar el nivel educacional del conjunto de
su población, entendiendo que mejorar la educación es mejorar la sociedad. Se procura implementar estrategias de
respuesta específica a los siguientes ejes prioritarios: -
Inclusión
consolidada y creciente -
Calidad educativa; -
Atención a la
diversidad -
Autonomía
institucional y acciones de desburocratización; -
Extensión del
tiempo de escolaridad; -
Acciones de
capacitación; -
Acciones de
descentralización administrativa; -
Mejoramiento de
las condiciones de educabilidad. La política
provincial busca estimular la potencia activa de las escuelas para operar
sobre estos ejes en el campo de su competencia. La escuela sola no puede
resolverlo todo. Sin embargo, hay tareas que le son propias y en las que ella
es potente para producir cambios favorables. La redefinición del rol del Estado permitirá avanzar
en la transformación desde un Estado burocratizado e ineficaz hacia otro más
transparente, inteligente y al servicio del ciudadano. Esta era ya una línea
de acción tangible y en las actuales circunstancias se torna impostergable.
El Estado está al servicio del pueblo y, en esta esfera, ese servicio es la
educación. La política de modernización del Estado, en consecuencia, se
vincula con el objetivo de mejorar la educación de todos los habitantes de la
Provincia. La entrega que ello demandó a la comunidad educativa
y a la sociedad bonaerense tiene que intensificarse en esta próxima etapa,
para completar
el proceso de inclusión, perfeccionar la formación de los docentes y los
aprendizajes de los alumnos e incrementar la participación distrital, local y
comunitaria. Se avanza hacia una segunda generación de acciones
transformadoras. El crecimiento del sistema plantea por sí mismo
problemas que requieren del seguimiento diario y de una planificación a
mediano plazo. El
equilibrio entre la innovación y la identidad cultural es un punto de
referencia desde el que se han diseñado e implementado las políticas
educativas. La descentralización de las áreas administrativa y
de Infraestructura y el mayor protagonismo otorgado a los consejos escolares
permitió mejorar servicios, transparentar el funcionamiento del sistema y
adecuar la operatoria al presupuesto disponible. Esta tarea afirma el rol
indelegable del Estado en la educación pública promoviendo una mayor
participación y autonomía de los actores distritales. Se trata de un Gobierno
centralizado en el contexto de un Estado descentralizado lo cual posibilitará
entre otros aspectos sustanciales, liberar a los supervisores docentes de
funciones administrativas y recuperar de manera paulatina su rol pedagógico. Para alcanzar
los objetivos fundamentales, ya explicitados, las decisiones que acompañaron
esta última etapa estuvieron destinadas a reducir la estructura del nivel
central, evitar distorsiones en el sistema y
garantizar la prestación del servicio. Para 2003, las
decisiones presupuestarias apuntan a sostener las siguientes prioridades: - La
inclusión de los niños y jóvenes pertenecientes a los sectores más pobres, - El
mejoramiento de las condiciones de educabilidad de los alumnos de nuestro
sistema educativo; - La
construcción de las obras de infraestructura necesarias para garantizar esa
inclusión, - La
continuidad y ampliación del Programa Recreativo de Verano para 250.000 niños
bonaerenses en enero y febrero 2003; - La
obtención de una mayor cobertura en sala de 5 años; - La
extensión de las ofertas en jardines maternales y salas de 2 años; - La
profundización en acciones que destinadas al tercer ciclo de la Educación
General Básica. - La
construcción de nuevas políticas para la Educación de Adultos y la Formación
Profesional: incorporación de 20000 beneficiarios del Plan Jefes y jefas, que
se suman a los 20000 incorporados en 2002. - La
continuidad del Programa de Becas, y Ayuda Escolar Extraordinaria con fondos
propios; - La
continuidad de las prestaciones de comedores escolares; - Una
nueva distribución de útiles escolares a comienzos de año en escuelas que
atienden poblaciones carentes. - La
oferta de transporte escolar destinada
alumnos a establecimientos ubicados en zonas de difícil acceso: medida
exclusiva para los alumnos que vivan en esas zonas. - La
profundización de los aprendizajes en Lengua y Matemática: se dedicarán más
horas de clase a este objetivo. - El
fortalecimiento de las bibliotecas escolares en el marco del Programa La
escuela lee más que se va a llevar a cabo en 2003 cuyo objetivo es enfatizar
la formación de alumnos lectores y escritores: dotación de libros y refuerzo de agentes bibliotecarios. Estas son, en
síntesis las acciones más importantes de esta Dirección General de Cultura y
Educación, que suponen sostenimiento presupuestario. 4.2.3 Acerca de la salud: Durante 2003 han de profundizarse y extenderse las labores en este
ámbito, dando lógica continuidad a los realizados a lo largo de 2002. En efecto, ha sido
un gran esfuerzo del área de Salud continuar garantizando sus servicios,
obviamente esenciales a la población, la que aumentó su demanda notoriamente,
fundamentalmente por el encarecimiento generado sobre la gran cantidad de
insumos importados, tales como drogas
para la elaboración de medicamentos; insumos para cirugías complejas;
repuestos para el mantenimiento y reparación de aparatos hospitalarios de
alta tecnología, etc. En el año entrante se han de profundizar los
desarrollos iniciados en 2002 de importantes herramientas de gestión de
compras que atenuaron el efecto del proceso devaluatorio sobre el gasto
asignado para este año y permitieron un ahorro significativo, previéndose
impulsar para disminuir costos la producción local de vacunas y medicamentos
utilizados en hospitales y municipios adheridos por convenios. En 2003 se incorpora a la jurisdicción ministerial
el hospital de González Catán, con una planta asignada de 560 empleados. Se cumplirá con el programa de medicamentos para
pacientes ambulatorios carenciados con enfermedades crónicas y con el
programa de prótesis. En el marco del programa Más Vida, se incorporan
tareas -fundamentalmente de atención primaria- para atender las cuestiones
sanitarias ligadas a la emergencia alimentaria. Siguiendo con los lineamientos de la reforma del
Estado provincial se estableció un marco estratégico para el Ministerio de
Salud y se adecuó una propuesta de estructura organizacional cuyo
funcionamiento se basa en un modelo de gestión por resultado. Finalmente, también se continuará en el año 2003
con la carrera de Enfermería, la que en el año en curso registró aumentos en
el número de sus alumnos, sin incrementar el presupuesto asignado. 4.2.4 Acerca de la
seguridad:
A la par del desarrollo de las políticas
sociales encaradas, la seguridad bonaerense es prioridad para la Provincia en
el 2003. La problemática del delito se constituirá en el
eje prioritario del sistema policial, encaminando las acciones de la
Institución al fortalecimiento de las capacidades de prevención y represión.
Se impulsará una adecuación en el accionar policial en respuesta a las nuevas
modalidades delictivas, especialmente narcocriminalidad, secuestros
extorsivos y robo de automotores, que desafían las capacidades existentes en
materia de seguridad pública. Los dos pilares centrales para la consecución de
los objetivos planteados lo constituyen la jerarquización de los recursos humanos
y el equipamiento policial. A partir de estas definiciones , las acciones a implementarse
consistirán en: -
Reformular las
modalidades tradicionales de intervención policial orientando la estructura
de la organización y el funcionamiento del sistema sobre la base de la prevención y la resolución temprana del
delito. -
Racionalizar y optimizar
el despliegue de los recursos humanos, logísticos y operacionales del sistema
policial. -
Impulsar el desarrollo
de una normativa de personal adecuada a la problemática delictiva vigente
basada en la capacitación y epecialización, el establecimiento de un
escalafón único en la carrera policial y un sistema de ascensos basado en
el mérito y la idoneidad. -
Desarrollar, consolidar
y jerarquizar, promoviendo la profesionalización,
de las dependencias policiales de inteligencia criminal y la investigación de
delitos complejos a partir de la modernización e informatización de los
procedimientos empleados por las mismas. Permitirá alcanzar los estándares
internacionales para coordinar estrategias preventivas con otros países. -
Consolidar las
actividades destinadas a la protección y defensa civil, para lo cual se
propone la subdivisión de la Provincia por zonas de Defensa Civil y la
conformación de juntas municipales de Defensa Civil. -
Promocionar activamente
la participación comunitaria en la resolución de las cuestiones vinculadas a
la seguridad. -
Consolidar las
actividades destinadas a ejercer las atribuciones de control y evaluación del
desempeño integral policial. -
Desarrollar y consolidar
la coordinación y supervisión con la seguridad privada. -
Impulsar la carrera de técnico superior en Seguridad Pública y
la licenciatura en Seguridad Pública, a través de convenios con
universidades. -
Avanzar en el desarrollo
de un sistema integrado de control de gestión. -
En el marco del plan
estratégico, mejorar la estructura y los circuitos administrativos a fin de
funcionar más eficazmente. -
Mejorar el equipamiento
policial, incorporando 700 nuevos vehículos blindados a lo largo del año
2003, así como nuevos equipos de comunicaciones e informáticos. Por su parte, en materia penitenciaria, se prevé
la construcción de seis nuevas unidades carcelarias y dos módulos, con una
capacidad para dicho conjunto de
2.240 internos. 4.2.5 Acerca
de la inversión pública: En 2003 se espera
aplicar $ 627 M en erogaciones de capital, aumentándose así este género de
gastos en $ 347 M con relación al año en curso (el aumento es del 123%).
Reviste especial importancia la atención de la problemática hidráulica y
vial, el equipamiento de diversas Instituciones de la Provincia y la gestión
del financiamiento de créditos multilaterales. Particularmente, merece destacarse que para el año
2003 se prevé el desembolso de $ 86 M por el fondo fiduciario de infraestructura
(Ley 12.511), los que serán destinados al Plan de Emergencia Hídrico-Vial (
$30 M ); al equipamiento médico para hospitales de La Matanza y Salto ( $48M
); y el resto básicamente a establecimientos carcelarios en Benito Juárez,
Saavedra e Ituzaingo, y otras obras complementarias en las cárceles de
Magdalena, La Plata y Olavarría, así como la recuperación de unidades,
celdas, refacción de calabozos y equipamiento de microbuses para traslado de
detenidos a través del Ministerio de Seguridad. Por último, la operación de financiamiento de
créditos multilaterales permitirá retomar la inversión en proyectos de
saneamiento hídrico y ambiental en la cuenca del río Reconquista, donde se
habrán de invertir $ 23,6 M, correspondiendo $ 8,3 M a aportes de
contrapartida local, restando ejecutar alrededor de $50 M en los próximos
años. Asimismo, se han previsto recursos presupuestarios por $ 7,6M para
obras en la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo, y por $ 35,7M para
inversiones en la Cuenca del Salado. Por su parte, se espera invertir $60 M
en el Plan Caminos Provinciales que atiende obras en las rutas provinciales
41, 51, 47, 205, 215 y 227. 4.2.6 Acerca de la
relación financiera con los Municipios:
4.2.6.1 De la coparticipación: Para el año 2003 se prevé continuar con la
tendencia creciente señalada en el apartado 2.3.3., distribuyéndose la
Coparticipación Municipal según la Ley 10.559 y sus modificatorias,
estimándose que por este concepto los municipios recibirán $ 1.232 M. 4.2.6.2 De la descentralización de la administración tributaria: En
el ejercicio 2003 continuará el proceso de descentralización de la
administración tributaria, el cual en el año 2002 tuvo un gran impulso con el
Plan de Recupero de Deudas en el que participaron 130 municipios que
realizaron acogimientos por $ 180 millones, generando recursos adicionales para las comunas. Según
esbozáramos en el primer párrafo del apartado 4.1.1, para el ejercicio 2003
se prevé modificar el programa de descentralización del Impuesto Inmobiliario
Rural, asignando la totalidad de los fondos, ya sea a través del Presupuesto
provincial como mediante los presupuestos municipales, al sector que genera
la recaudación del tributo. Los recursos obtenidos por el impuesto se
destinarán, una vez cubiertas las actuales afectaciones (1% a Vialidad y 0,1%
a la problemática de las adicciones)
en un 50% a la Provincia, la que los afectará al mantenimiento y
construcción de obras viales e hidráulicas con incidencia en el interior
bonaerense. El restante 50% será recibido por los municipios, que deberán
afectar la mitad de lo así recibido al mantenimiento de la red provincial de
caminos de tierra, quedando el saldo de libre disponibilidad para las
comunas. Teniendo en
cuenta que la estimación de recaudación de este impuesto para el 2003 se
calcula en $ 175 millones, resulta destacable mencionar que los municipios
involucrados al recibir casi un 50% en forma directa, es decir $86,5 M,
incorporarán a sus esquemas fiscales un importe sustancialmente superior al
recibido durante el 2002. En el mismo
sentido, se llevará adelante una modificación del Programa en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, otorgándoles a los municipios mayores facultades
para su administración y transfiriéndoles para su control aquellos contribuyentes
que en la AFIP se encuentran en la categoría de monotributistas, es decir
cuya facturación anual no supere los $ 144.000. En forma similar al caso del
Impuesto Inmobiliario Rural, la recaudación de este segmento del impuesto
sobre los ingresos brutos se distribuirá como sigue: el 50% se destinará a la
Provincia, la que lo afectará al desarrollo de planes sociales; el 25% se
destinará a los municipios para que estos atiendan un gasto específico, cual
es el mantenimiento de los edificios escolares que se encuentren en su
distrito; quedando el resto como de libre disponibilidad para los municipios. Se estima en $
150 millones la recaudación por Ingresos Brutos de este universo de
contribuyentes, por lo que el 50% directo a los municipios ($75 M) implica
también un fuerte crecimiento respecto de lo percibido durante el 2002. En los dos
casos citados de descentralización -impuesto Inmobiliario Rural y pequeños
contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos- se propone la
exclusión de las respectivas recaudaciones del Régimen de Coparticipación
Municipal establecido en la Ley 10.559 y sus modificatorias; y la creación de
un régimen especial que se asigne de la forma antes mencionada. El total de
transferencias previstas por descentralización tributaria a los municipios
para el año 2003 se conforma entonces de la siguiente manera: MILLONES DE $ ·
Por impuesto
Inmobiliario Rural 86,5 ·
Por impuesto
sobre los Ingresos Brutos 75,0 ·
Otras
(gestión de moratorias) 33,0 ·
TOTAL 194,5 Finalmente, se
prevé un fuerte incremento en concepto de transferencias de los diversos
juegos de azar, que pasan de $ 59 M en 2002 a $ 84 M registrando un aumento
de $ 25 M(42%). A continuación se
sintetiza el esquema de transferencias a los Municipios en millones de
pesos, para el trienio 2001-2003 : Cuadro 6
4.2.6.3 De la deuda municipal: Como consecuencia del nivel de endeudamiento
que actualmente enfrenta el sector municipal, ya sea con organismos
multilaterales de crédito como con el Sector Financiero Público, los
servicios de la deuda han cobrado una significativa importancia en la
estructura de gastos de los gobiernos municipales, a partir del cambio de las
condiciones financieras producto de la devaluación de nuestra moneda. Esta
problemática, mas allá de las soluciones parciales adoptadas durante el año
2002, debe ser atacada estructuralmente, posibilitando a los municipios la
obtención de condiciones más acordes con la nueva realidad de recursos y
gastos que deben afrontar. En ese sentido
se propicia un programa de conversión y reestructuración de deudas
municipales, fundamentalmente las contraídas con el Banco de la Provincia de
Buenos Aires y con el Banco de la Nación Argentina. Los municipios
que se incorporen a esta operatoria asumirán con la Provincia la deuda
resultante, obteniendo condiciones más favorables que las actuales, debiendo
adherir al proceso instrumentado, cediendo los recursos necesarios para la
atención de los servicios de la deuda. Por otra parte
y en el marco de la Ley Nro. 11.661, el Poder Ejecutivo suscribió el 14 de
septiembre de 1995, con el Estado nacional, sendos Contratos de Préstamos
Subsidiarios, otorgados en el marco de los Contratos de Préstamo Nro. 3860/AR
y Nro. 830 OC-AR y 932 SF-AR, firmados entre la Nación y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), respectivamente, a efectos de formalizar la transferencia de derechos
y obligaciones emergentes de las referidas operaciones de crédito externo. Asimismo a fin
de alcanzar el objeto final de dichas líneas crediticias, es decir, otorgar
financiamiento a programas y proyectos vinculados a las acciones de
fortalecimiento, desarrollo institucional e inversiones en el ámbito
municipal, el Poder Ejecutivo suscribió los correspondientes contratos de
subpréstamos con los municipios interesados en recibir financiación por esta
vía. Estos convenios involucran a casi 100 municipios con un endeudamiento de
aproximadamente U$S 68.000.000. Teniendo en
cuenta que los montos del endeudamiento contraído por los municipios son en
Dólares Estadounidenses (U$S), las obligaciones nacidas de estos convenios se
han visto sensiblemente acrecentadas como consecuencia del nuevo régimen
cambiario. Toda la
legislación existente en cuanto al tratamiento que debe darse a las
obligaciones del Sector Público nacional, provincial y municipal denominadas
en dicha moneda, resulta aplicable exclusivamente al endeudamiento contraído
en el marco de la ley Argentina, condición que no se verifica en el caso de los
contratos de préstamos otorgados por organismos internacionales de crédito. El Poder Ejecutivo propicia convenir con los
municipios modificaciones a los contratos de subpréstamos que permitan
atenuar el peso de dicha deuda sobre las finanzas municipales y que no
resulte extremadamente oneroso a las arcas provinciales, teniendo en cuenta
que la Provincia también sufre, en su condición de deudora del Estado
nacional, las consecuencias de la liberalización del mercado cambiario. El esquema
financiero factible de implementar consiste en compensar el efecto de los
pagos que debe realizar el Gobierno provincial como consecuencia de estos
préstamos a los organismos multilaterales (Banco Mundial y BID), con el
recupero originado en la cancelación por parte de los municipios de las
deudas contraídas con la Provincia en virtud de los mencionados convenios de
subpréstamos. En este sentido debe
señalarse que si bien los montos a devolver por los municipios según las condiciones originalmente
pactadas resultan superiores a los servicios financieros a cargo de la Provincia, resulta
conveniente refinanciar la diferencia a efectos de aliviar la carga
financiera sobre los presupuestos municipales. Cabe resaltar que el mecanismo de refinanciación de
deudas municipales propuesto tendrá vigencia hasta tanto las deudas
originalmente contraídas sean saldadas y que el mismo deberá ser adecuado en
la medida en que en futuros acuerdos con el Gobierno nacional se consigan
condiciones más beneficiosas para las finanzas municipales con relación al
contrato de préstamo subsidiario aprobado por Ley Nro. 11.661. 4.2.7 Del Poder Judicial: Subsistiendo aún la situación de emergencia,
económica y financiera del Estado provincial, declarada oportunamente por Ley
12.727, el Poder Ejecutivo propicia mediante el presente proyecto de Ley de
Presupuesto para el próximo año 2003, otorgar un refuerzo de partidas
presupuestarias para el área de Administración de Justicia dependiente de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Las
dificultades registradas a partir de las circunstancias de emergencia
económica referidas, imposibilitaron en el corriente año, la asignación de un
mayor presupuesto para la Justicia provincial, adjudicándole a través de la
Ley de Presupuesto 12.874, similar monto al ejecutado durante el año
anterior. No obstante
ello, y ante la necesidad de preservar y velar por un adecuado servicio de
justicia que la sociedad toda reclama, hace que se procure reforzar
principalmente el presupuesto destinado al Fuero Penal, permitiendo la puesta
en funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales creados oportunamente
por la Ley 12.060. La reforma
Procesal Penal instalada en septiembre de 1998, previó que, luego de un
proceso de adaptación y ajustes al sistema, se pondría en marcha una segunda
etapa donde se haría efectivo el funcionamiento de casi la totalidad de los
órganos previstos en la nueva normativa. Así, se prevé
que inicien actividades durante el año 2003, órganos cuya habilitación la
Suprema Corte de Justicia ha considerado prioritarios. Dichos organismos
jurisdiccionales, que se distribuyen en diversos departamentos judiciales de
la Provincia y que se estiman indispensables son: cinco juzgados de
Garantías; diez de Ejecución y cinco tribunales en lo Criminal. Asimismo y a
pesar de la delicada situación por la que atraviesa la Provincia, se prevé
fortalecer presupuestariamente el área del Ministerio Público, tanto fiscal
como de la defensa. A cuatro años
de la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal, no se ha logrado aún
el funcionamiento pleno de la totalidad de las fiscalías previstas. Ello se
debe a que la implementación de la segunda etapa, con el llamado a concurso
de varios cargos de agentes fiscales -titulares y adjuntos- creados por la
Ley 12.367, produjo durante el año 2001 numerosas vacantes, la mayoría de
ellas producidas por ascensos de sus titulares. Las
mencionadas vacancias deberán ser paulatinamente cubiertas a fin de optimizar
el servicio de justicia por lo que, como se anticipó, se propicia reforzar
presupuestariamente dicha área. Con relación
al Ministerio Público de la Defensa -servicio tradicionalmente asumido por la
Provincia por el que se garantiza el derecho de defensa en juicio de la gran
mayoría de imputados, y que hoy continúa desarrollándose en el marco de la
Constitución y de los pactos internacionales celebrados sobre la materia- se
justifica que se provean nuevas asignaciones presupuestarias que permitan
avanzar hacia una gradual cobertura del remanente de aquellos cargos creados
por ley, que a la fecha no han sido cubiertos o que quedaron oportunamente
vacantes. Asimismo el
funcionamiento pleno de las defensorías oficiales en los diversos
departamentos judiciales, permitirá subsanar problemas de agenda que hoy
impiden la realización periódica de los debates, coadyuvando también, a
optimizar el desempeño de los órganos de juicio actualmente en
funcionamiento. 4.2 .8 De los servicios de la deuda en 2003: Las erogaciones
previstas para el 2003 en materia de amortización de capital e intereses de
la deuda cuyo pago se vio interrumpido, como se señaló, desde los primeros
meses de 2002, se concentrarán, en primer término, en atender la reanudación
de los servicios de aquellas obligaciones que, en lugar de provenir de una
decisión de inversión financiera por parte del acreedor, tuvieron como origen
la consolidación compulsiva de deudas. Estamos hablando de los Bonos de
Consolidación de Deudas Ley 11.192 y los Bonos de Cancelación de Obligaciones
de Buenos Aires Ley 12.727. En otro orden,
indudablemente un ítem importante para el 2003 en materia de compromisos
financieros de la Provincia estará compuesto por las obligaciones con el
Gobierno nacional que surjan como consecuencia del antes citado canje de
deuda provincial. Como ya se señaló, los intereses de los bonos nacionales
garantizados -títulos en los cuales será convertida la deuda de la Provincia-
son pagaderos mensualmente a partir de la finalización del proceso de canje
que se estima ocurrirá a fines del corriente ejercicio o en los primeros días
del año entrante. Asimismo,
deben señalarse las obligaciones que para la Provincia se derivarán del
Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales para el
ejercicio 2002, que fuera ratificado por la Ley Nro 12.952, y cuyos servicios
de interés comenzarán a vencerse durante el año 2003. Sin embargo, la carga
financiera en este rubro estará íntimamente relacionada con el nivel de
ejecución por parte del Gobierno nacional del citado programa, siendo que,
actualmente, sólo han sido otorgados anticipos a cuenta del mismo por un
monto hasta mediados de noviembre de $160 millones, quedando así pendiente de
recepción poco más de $500 millones. Por último,
aunque no menos importante cuantitativa y cualitativamente, se continuará con
la atención de los servicios de los programas que cuentan con financiamiento
de organismos multilaterales. A este respecto, al estar los mismos
garantizados por el Gobierno nacional y como una forma de coordinar con éste
la política a adoptar en miras a una futura renegociación de sus términos
contractuales, se continuará apelando al mecanismo del pago por el Gobierno
nacional y su posterior deducción de los fondos coparticipables provinciales
entregados en garantía por la Provincia. 4.3 Del financiamiento en 2003: El
proyecto prevé una autorización al Poder Ejecutivo para tomar endeudamiento
por $1.043.700.000, a fin de completar el financiamiento de los gastos
previstos. Dicho financiamiento será solicitado, en principio, al Gobierno
nacional. Es de destacar que el acuerdo Político, Económico y Social de
Olivos del día 18 de noviembre de 2002, entre el presidente de la República,
gobernadores de provincias y líderes parlamentarios nacionales, estableció en
su punto sexto el compromiso de instrumentar, antes de la primera quincena de
febrero de 2003, la negociación de los acuerdos bilaterales para el
Financiamiento Ordenado del año 2003. Los mismos representarían la
continuidad de los acuerdos para el Financiamiento Ordenado del año 2002, que
en el caso del correspondiente a la provincia de Buenos Aires fuera
ratificado por Ley 12.952. Estos acuerdos implican limitaciones para el
financiamiento de otras fuentes (por ejemplo, emisión de Patacones) que sólo
tienen vigencia en caso de hacerse efectivos los desembolsos de fondos por
parte del Gobierno Nacional que se comprometen en dichos acuerdos. Confiamos
nuevamente en que el proyecto adjunto merezca vuestra aprobación, atento los
criterios de racionalidad, equidad y austeridad sobre cuya base fuera
elaborado. Dios guarde a
V. Honorabilidad. |