Fundamentos de la

Ley 14437

HONORABLE CÁMARA:

El presente proyecto tiene por objeto restituir la original redacción del artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

El mencionado artículo, establece quiénes deben soportar las costas de los juicios contencioso administrativo.

Sabiamente, la redacción original del código, establecía que las costas estaban a cargo de la parte vencida, permitiendo al juez, eximirla total o parcialmente cuando encontrase mérito para ello. También eximía al agente público o quien hubiera reclamado en un derecho provisional, en causas promovidas en materia de empleo público o provisional, excepto que haya actuado con notoria temeridad.

Este punto marcó una evolución del derecho administrativo bonaerense, que supo ser, otrora, ejemplo y modelo en la República Argentina.

El artículo, había modificado el antiguo criterio, del pionero Código Varela. Claro que habían pasado 100 años de la sanción de aquél.

La Ley 13.101, introdujo numerosas modificaciones al actual código, entre ellas, al artículo 51, estableciendo que el pago de las costas serán soportadas en el orden causado.

Entendemos que esta disposición, además de ser injusta e inconveniente, es abiertamente inconstitucional, y expone a la Provincia a incurrir en responsabilidad internacional.

Numerosa doctrina y jurisprudencia han opinado sobre el punto. Lamentablemente no podemos contar entre ellas a la Suprema Corte de Justicia local.

La corte interamericana Derechos Humanos, en el procedimiento de Reparaciones y Costas, del Caso del Caracazo Vs. Venezuela, Sentencia de 29 de agosto de 2002, expresó en su considerando 130 “Las costas y gastos deben entenderse comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada con “jerarquía constitucional” en nuestro ordenamiento jurídico –artículo 75 inciso 22- “en las condiciones de su vigencia”.

De este concepto deriva una remisión al criterio y a los términos en que los órganos supranacionales los interpretan y aplican.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido con referencia a los alcances de la referida incorporación y la hermenéutica del sistema jurídico que “… la recordada “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (considerando 5) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, “en las condiciones de su vigencia” (artículo 75, inciso 22, 2 párrafo), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”. (conf. Caso “Giroldi”, Fallos 318:514).

En la sentencia del caso “de Caracazo” se lee “el artículo 63.1 de la Convención Americana contiene una norma consuetudinaria que constituye uno de los principales fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De acuerdo con ello, al producirse un hecho ilícito imputable en un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y e hacer cesar las consecuencias de la mencionada violación”. Y que “Las reparaciones, como el término lo indica, consiste en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. La naturaleza y el monto de las mismas, dependen del dato racionado en los planos tanto material como inmaterial. En todo caso, las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares. La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno”.

Esto se trata, como lo diría García de Enterría, ni más ni menos de la lucha contra las inmunidades del poder.

Algunos argumentan, que no solo el Estado pierde juicios en el fuero contencioso administrativo en ese caso, no deja de ser injusto que el Estado pague lo que no le corresponda.

La redacción actual del código, establece como regla general, que el pago de las costas será soportado por el orden causado. En efecto, la parte vencida solo soporta las costas, en los procesos de ejecución tributaria (cuando el Estado siempre gana) o cuando hubiere actuado con temeridad o malicia.

Esta circunstancia esta afectando valiosos derechos de primera generación, como los de iguala, propiedad y debido proceso.

En todos los casos, en juicios con o sin pretensiones patrimoniales, si el particular triunfa judicialmente, obtendrá su pretensión, menos las costas del juicio, lo que lo coloca en una situación de desigualdad respecto a los demás, violentándose el artículo 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución Provincial.

También se afecta directamente el derecho de propiedad garantizado en el artículo 17 de la Constitución Nacional y 31 de la Provincial, ya que si el vencedor debe soportar las costas la reparación, nunca podrá ser integral.

Esta disposición desalienta litigar en justos reclamos, muchas veces por el temor a los costos, se termina configurando una denegación de justicia, violentándose el artículo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 10 y 15 de la Constitución Provincial.

Resulta un imperativo ético modificar la legislación reseñada, ya que pone en una grave situación a los ciudadanos y habitantes de nuestra provincia.

Por estos motivos, se solicita al Honorable Cuerpo acompañe a afirmativamente la presente iniciativa.