El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de

Ley 13101

Artículo 1.- Incorpóranse los incisos 8 y 9 al artículo 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“CASOS INCLUIDOS EN LA MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Artículo 2.- La competencia contencioso administrativa comprende las siguientes controversias:

1. Las que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos, de alcance particular o general.

Quedan incluidas en este inciso las impugnaciones que se deduzcan en contra de las resoluciones emanadas del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Fiscal y de cualquier otro tribunal de la Administración Pública, así como las que se deduzcan en contra de actos sancionatorios dispuestos en el ejercicio de la policía administrativa a excepción de aquéllas sujetas al control del órgano judicial previsto en los artículos 166, segundo párrafo, 172 y 216 de la Constitución de la Provincia y 24 inciso 3) de la Ley 11.922.

2. Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el Derecho Administrativo.

3. Aquellas en las que sea parte una persona pública no estatal, cuando actúe en el ejercicio de prerrogativas regidas por el Derecho Administrativo.

4. Las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los municipios y los entes públicos estatales previstos en el artículo 1, regidas por el Derecho Público, aún cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas del Derecho Privado.

5. Las relacionadas con la aplicación de tributos provinciales o municipales.

6. Las relativas a los contratos administrativos.

7. Las que promuevan los entes públicos estatales previstos en el artículo 1, regidas por el Derecho Administrativo.

8. Las relacionadas con la ejecución de tributos provinciales.

9. Las que versen sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones.

La enunciación anterior es meramente ejemplificativa. No implica la exclusión del conocimiento por los tribunales Contencioso Administrativos de otros casos regidos por el Derecho Administrativo”.

Artículo 2.- Modifícase el artículo 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“CASOS EXCLUIDOS DE LA MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Artículo 4.- No corresponden a la competencia de los tribunales Contencioso Administrativos las siguientes controversias:

1. Las que se encuentren regidas por el derecho privado o por las normas o convenios laborales.

2. Las que tramitan mediante los juicios de desalojo, interdictos, y las pretensiones posesorias.

3. Los conflictos interadministrativos provinciales que serán dirimidos por el Poder Ejecutivo provincial, conforme al régimen que al efecto se apruebe”.

Artículo 3.- Modifícase el artículo 5 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA EN RAZÓN DEL TERRITORIO

Artículo 5.-

1. Será competente el juzgado Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio de las personas cuya actuación u omisión dé lugar a la pretensión procesal.

2. Se exceptúan de dicha regla las siguientes controversias:

a) Las relativas a la relación de empleo público, en las que será competente el juez correspondiente al lugar de la prestación de servicios del agente, o al del domicilio de la demandada, o al del domicilio del demandante a elección de éste último.

b) Las que versen sobre pretensiones deducidas por reclamantes o beneficiarios de prestaciones previsionales y pretensiones contra resoluciones de colegios o consejos profesionales y sus cajas previsionales en las que será competente el juez correspondiente al domicilio del interesado o al de la demandada, a elección del demandante.

c) Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en las cuales será competente el juez correspondiente al lugar de ejecución de la prestación.

d) Las que versen sobre pretensiones relacionadas con contratos administrativos en las que será competente el juez correspondiente al lugar de celebración del contrato. Si el contrato lo admitiere en modo expreso, las referidas controversias podrán plantearse, a opción del demandante ante el lugar de cumplimiento o el del domicilio del demandado.

e) Las correspondientes a servidumbres administrativas y expropiaciones, en las cuales será competente el juez correspondiente al lugar de radicación de los bienes involucrados. Este criterio se aplicará para las pretensiones resarcitorias en el caso de las restantes limitaciones al dominio por razones de interés público, salvo que ellas incluyan el pedido de anulación de un acto administrativo en cuyo caso se aplicará la regla consagrada en el inciso 1 del presente artículo”.

Artículo 4.- Modifícase el artículo 7 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“CONFLICTOS DE COMPETENCIA

Artículo 7.-

1. Los conflictos de competencia entre los jueces Contencioso Administrativos serán tramitados por vía incidental y resueltos por la cámara de apelaciones en lo Contencioso Administrativo con competencia territorial común, causando ejecutoria su decisión. Los conflictos planteados entre un juez Contencioso Administrativo o una cámara de apelaciones en lo Contencioso Administrativo y un tribunal de otro fuero, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia, causando ejecutoria su decisión.

2. Durante el trámite del conflicto de competencia, se suspenderá el procedimiento sobre lo principal, salvo las medidas cautelares o cualquier diligencia de cuya omisión pudiere resultar un perjuicio grave.

3. Cuando se declarase que el caso es Contencioso Administrativo, se dispondrá la prosecución de las actuaciones en esta vía. En tal supuesto, para verificar el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 18, la pretensión se considerará presentada en la fecha de interposición de la demanda aunque el juez sea incompetente.”

Artículo 5.- Modifícase el artículo 8 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA

Artículo 8.- El juez, antes de dar traslado de la demanda, procederá a declarar, si correspondiere y por resolución motivada, su incompetencia. En tal supuesto remitirá los autos al tribunal considerado competente, si perteneciere a la jurisdicción provincial. En caso contrario, dispondrá su archivo.”

Artículo 6.- Modifícase el artículo 9 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y ENTES ESTATALES

Artículo 9.-

1. El fiscal de Estado intervendrá en los procesos Contencioso Administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución Provincial y las disposiciones legales correspondientes.

2. Cuando en el ejercicio de sus funciones, el fiscal de Estado promueva una pretensión anulatoria de un acto administrativo emanado de una autoridad provincial, la defensa procesal de ésta y la correspondiente intervención en el proceso, en representación de la parte demandada, corresponderán al asesor general de Gobierno.

3. Los municipios y demás entes provinciales o municipales que comparezcan como actores o demandados, y no estén alcanzados por los términos del inciso 1), última parte del presente artículo, serán representados por los abogados de sus respectivos servicios jurídicos, o por los letrados que se designen.

4. Los representantes o letrados de los entes previstos en el artículo 1 tendrán los mismos derechos y obligaciones de los demás que intervengan en el proceso. Se exceptúan de esa regla, al fiscal de Estado y al asesor general de Gobierno, quienes deberán ser notificados en sus despachos oficiales."

Artículo 7.- Modifícase el artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo ( Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“COADYUVANTES

Artículo 10.-

1. Los terceros directamente favorecidos por la actuación u omisión que diera lugar a la pretensión, intervendrán como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. Su intervención no podrá hacer retrotraer, interrumpir o suspender el proceso cualquiera sea el estado en que intervengan.

2. En su primera presentación el coadyuvante deberá cumplir, en lo pertinente, con los recaudos exigidos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el juez podrá ordenar la unificación de su representación.

3. El coadyuvante tiene los mismos derechos procesales que la parte con la que coadyuva. La sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada en relación al coadyuvante.”

Artículo 8.- Modifícase el artículo 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“PRETENSIONES

Artículo 12.- En el proceso Contencioso Administrativo podrán articularse pretensiones con el objeto de obtener:

1. La anulación total o parcial de actos administrativos de alcance particular o general.

2. El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés tutelados.

3. El resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

4. La declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regidas por el Derecho Administrativo. La pretensión respectiva tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial.

5. La cesación de una vía de hecho administrativa.

6. Se libre orden judicial de pronto despacho, en los términos previstos en el Capítulo IV del Título II.”

Artículo 9.- Sustitúyese el artículo 14 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN. SUPUESTOS DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

Artículo 14.-

1. Sin perjuicio de los demás requisitos previstos en el presente Código, será necesario agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la pretensión procesal en todos los casos salvo los siguientes supuestos:

a) Cuando el acto administrativo definitivo de alcance particular hubiera sido dictado por la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final o por el órgano con competencia delegada, sea de oficio o con la previa audiencia o intervención del interesado.

b) Cuando mediare una clara conducta de la demandada que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a una vía administrativa de impugnación o cuando, en atención a particulares circunstancias del caso, exigirla resultare para el interesado una carga excesiva o inútil. La interposición de la demanda importará la interrupción de los plazos de caducidad para la presentación de los recursos en sede administrativa.

c) Cuando se impugnare directamente un acto administrativo de alcance general emanado de la autoridad jerárquica superior o del órgano con competencia delegada por aquella.

d) En los casos previstos en los artículos 12 incisos 4) y 5) y 16) del presente Código.

2. La falta de impugnación directa o su desestimación, de un acto de alcance general, no impedirá la impugnación de los actos individuales de aplicación. La falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance general, tampoco impedirá la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos propios de los actos individuales que se encuentren firmes o consentidos."

Artículo 10.- Modifícase el artículo 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“SILENCIO ADMINISTRATIVO

Artículo 16.-

1. Cuando hubiere vencido el plazo que alguno de los entes mencionados en el artículo 1 del presente Código, tuviese para resolver un recurso, reclamo o petición planteados en sede administrativa, el interesado podrá solicitar pronto despacho. Esta solicitud deberá presentarse, a opción de aquél, ante la dependencia donde se hallaren radicadas las actuaciones, ante el órgano responsable del procedimiento o bien ante la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final. Transcurridos treinta (30) días hábiles administrativos desde la presentación del pronto despacho, sin que se dictare el acto correspondiente, se presumirá la existencia de una resolución denegatoria o adversa para el interesado y quedará expedita la instancia judicial.

2. También podrá promoverse la pretensión sobre la base del silencio administrativo, cuando alguno de los entes enunciados en el artículo 1 del presente Código omitiere o retardare el dictado de actos de trámite o preparatorios. En tal supuesto, el interesado podrá solicitar el pronto despacho en los términos establecidos en el inciso anterior y transcurridos treinta (30) días hábiles administrativos desde esta solicitud, sin que se dictare el acto correspondiente, se presumirá la existencia de una resolución denegatoria o adversa para el interesado y quedará expedita la instancia judicial.”

Artículo 11.- Modifícase el artículo 18 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“PLAZO PARA DEDUCIR LA PRETENSIÓN

Artículo 18.- La pretensión de anulación, la resarcitoria vinculada con aquélla, la de restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados y la de cese de una vía de hecho administrativa, deberán promoverse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días, contados de la siguiente manera:

a) Si se pretendiere la anulación de actos administrativos de alcance particular, desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa. En caso de haberse deducido contra el citado acto un recurso administrativo procedente, el plazo se contará desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado de la decisión que rechace aquel recurso.

b) Si se pretendiere la anulación de actos administrativos de alcance general, desde el día siguiente a la fecha de su publicación o, en su caso, desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa.

c) Si se pretendiere la anulación de un acto de alcance general juntamente con la impugnación de los actos administrativos que les hayan dado aplicación, desde el día siguiente al de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa.

d) Si se tratare de las pretensiones reguladas en el artículo 12 inciso 2) desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa.

e) Si se tratare de una vía de hecho administrativa, desde que fuere conocida por el afectado.”

Artículo 12.- Modifícase el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“PAGO PREVIO EN MATERIA TRIBUTARIA

Artículo 19.-

1. Será obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda, cuando se promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una obligación tributaria de dar sumas de dinero.

2. Antes de correr traslado de la demanda, el juez verificará el cumplimiento de este requisito procesal, a cuyo fin procederá a intimar al demandante el pago de la suma determinada, con exclusión de las multas y recargos, dentro del plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión.

3. El pago previo no será exigible cuando:

a) Su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia.

b) Se deduzca una pretensión meramente declarativa. En este supuesto, la autoridad provincial o municipal tendrá derecho a promover contra el demandante el correspondiente juicio de apremio.”

Artículo 13.- Modifícase el artículo 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“PRETENSIÓN RESARCITORIA E ILEGITIMIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 20.-

1. Juntamente con la pretensión de anulación puede reclamarse el resarcimiento de los daños y perjuicios, aplicándose el plazo de caducidad del artículo 18 del presente Código.

2. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, como reclamo autónomo, luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma.”

Artículo 14.- Modifícase el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“PRINCIPIO GENERAL

Artículo 22.-

1. Podrán disponerse medidas cautelares siempre que:

a) Se invocare un derecho verosímil en relación al objeto del proceso.

b) Existiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho.

c) La medida requerida no afectare gravemente el interés público.

2. El juez podrá adoptar toda clase de medidas que resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso, tanto las regladas en el presente Código como las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.

3. Podrán disponerse medidas de contenido positivo, con el objeto de imponer la realización de una determinada conducta a la parte demandada. A tal fin, el juez deberá ponderar, además de los extremos previstos en el inciso 1, la urgencia comprometida en el caso y el perjuicio que la medida pudiera originar tanto a la demandada como a los terceros y al interés público”.

Artículo 15.- Modifícase el artículo 23 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“OPORTUNIDAD. CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 23.-

1. Las medidas cautelares podrán solicitarse en modo anticipado, simultáneo o posterior a la promoción de la demanda. Se decretarán sin audiencia de la otra parte; sin perjuicio de lo cual el juez, en atención a las circunstancias del caso, podrá requerir un informe previo a la parte demandada o a la alcanzada por la medida solicitada, que deberá ser contestado en un plazo no mayor de cinco (5) días.

2. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares decretadas con anterioridad a la demanda, en los siguientes supuestos:

a) Tratándose de una pretensión de anulación, si estando agotada la vía administrativa, la demanda no fuere interpuesta dentro de los treinta (30) días siguientes al de la notificación de la medida cautelar. El plazo de caducidad correrá a partir del día siguiente al de la notificación del acto que agote la vía administrativa.

b) En los demás supuestos, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial.

3. En caso de decretarse la caducidad por vencimiento de los plazos previstos en este artículo, las costas y los daños y perjuicios causados, serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida cautelar anticipada. Esta no podrá solicitarse nuevamente por la misma causa.”

Artículo 16.- Modifícase el artículo 24 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“CONTRACAUTELA

Artículo 24.-

1. Si se hiciere lugar a la medida cautelar, el juez fijará el tipo y monto de la caución que deberá prestar el peticionante por las costas, daños y perjuicios que se derivaren en caso de haberla peticionado sin derecho. El juez graduará el tipo y monto de la caución, de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso.

2. No se exigirá contracautela cuando la parte que solicitare la medida cautelar fuere la Provincia, un municipio o un ente provincial o municipal.

3. En los supuestos de pretensiones deducidas en materia de empleo público o en materia previsional por los agentes o reclamantes de beneficios previsionales, o a quien interviniere en el proceso con beneficio para litigar sin gastos, se exigirá únicamente la caución juratoria.”

Artículo 17.- Modifícase el artículo 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 25.-

1. Las partes podrán solicitar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo siempre que se alegare fundadamente el cumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 22 inciso 1). El juez deberá evaluar si la medida suspensiva tiende a evitar perjuicios irreversibles, aún cuando pudieren ser objeto de una indemnización posterior.

2. Para decretar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo será necesario el planteo previo de esa medida en sede administrativa y que su resolución hubiera sido adversa para el peticionante. Presentada la petición en sede administrativa el Estado deberá expedirse en el plazo de 5 días hábiles, fenecidos los cuales sin que hubiere un pronunciamiento expreso se presumirá la existencia de resolución denegatoria quedando expedita la instancia judicial.”

Artículo 18.- Modifícase el artículo 26 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO. CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

Artículo 26.-

1. Si la Provincia, un municipio, o un ente provincial o municipal invocasen fundadamente, en cualquier estado del proceso, que la medida cautelar dispuesta provoca un grave daño al interés público, el juez, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resolverá sobre el levantamiento o mantenimiento de la medida.

2. En caso que se resuelva dejar sin efecto la medida, se declarará a cargo del peticionante la responsabilidad por los daños y perjuicios que ello pueda causar en el supuesto de que se hiciese lugar a la demanda.

3. Fuera del supuesto previsto en los incisos anteriores, el juez, a pedido de parte o de oficio, podrá levantar, modificar o sustituir la medida cautelar cuando cambiaren las circunstancias que la determinaron.”

Artículo 19.- Modifícase el artículo 27 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ESTRUCTURA Y FORMALIDADES

Artículo 27.- La demanda será presentada por escrito y contendrá:

1. El nombre y apellido, domicilio real o legal según corresponda, domicilio especial constituido y demás condiciones personales del demandante.

2. El nombre y apellido, domicilio y demás condiciones personales del demandado.

3. La individualización y contenido de la actuación u omisión administrativa que configura el caso, precisando los motivos por los que se considera lesionado, afectado o desconocido el derecho o interés jurídicamente tutelado del demandante.

4. La relación metódica y explicada de las circunstancias del caso, con especial referencia a los hechos en que se funde la pretensión, expuestos en modo conciso y claro.

5. El derecho en que se funda la pretensión, expuesto sucintamente.

6. La justificación de la competencia del juzgado.

7. El ofrecimiento pormenorizado de toda la prueba cuya producción se propone en el proceso.

El objeto y alcance de la pretensión, expuestos con claridad y precisión. Deberá fijarse el monto reclamado, salvo cuando a la actora no le fuere posible determinarlo al promover la demanda, por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de elementos no establecidos definitivamente al momento de la pretensión. En tales supuestos no procederá la excepción de defecto legal. La sentencia determinará, en su caso, el monto que resulte de las pruebas producidas.”

Artículo 20.- Modifícase el artículo 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“REMISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS POR EL ENTE DEMANDADO

Artículo 30.-

1. Cuando correspondiere por las características del caso, el juez requerirá por oficio al órgano o ente correspondiente los expedientes administrativos relacionados con la pretensión deducida, los que deberán serle remitidos en su totalidad dentro de los quince (15) días. El órgano competente de la autoridad requerida deberá dar constancia firmada, con indicación de fecha y hora, de la recepción del oficio pertinente.

2. Si la autoridad requerida no remitiere los expedientes en el plazo correspondiente, el juez proseguirá la causa en la forma prevista en el artículo 32, última parte, tomando como base la exposición de los hechos contenida en la demanda, sin perjuicio de la facultad de la demandada de ofrecer y producir toda la prueba que estime corresponder a su derecho.”

Artículo 21.- Modifícase el artículo 31 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“EXAMEN DE ADMISIBILIDAD. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

Artículo 31.-

1. Antes de dar traslado de la demanda el juez examinará si la pretensión reúne los requisitos de admisibilidad.

2. No habiéndose declarado incompetente el juez y declarada la admisibilidad de la pretensión, éste no podrá volver sobre ello, salvo que se opongan algunas de las excepciones previstas en el artículo 35 del presente Código.

3. Si la pretensión no cumpliere alguno de los requisitos de admisibilidad, y de ser ello posible el juez, determinará la subsanación de los defectos incurridos dentro del plazo que al efecto se fije, el que no podrá ser inferior a cinco (5) días, bajo apercibimiento de desestimar la pretensión. Si ello fuere improcedente, declarará inadmisible la pretensión deducida.

4. En el supuesto del artículo 19 del presente Código, se aplicará el plazo establecido en el inciso 2) de la citada norma.”

Artículo 22.- Modifícase el artículo 32 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“AMPLIACIÓN O TRANSFORMACIÓN DE LA DEMANDA

Artículo 32.- Recibidos los expedientes administrativos en Secretaría, la parte actora, dentro de los quince (15) días de notificada por cédula tal recepción, podrá ampliar o transformar la demanda. Cumplido el referido trámite o vencido el plazo, el juez dispondrá correr traslado de la demanda, previo examen de admisibilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del presente Código.”

Artículo 23.- Modifícase el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“PLAZO Y FORMAS DE OPONERLAS

Artículo 34.-

1. Dentro de los primeros quince (15) días del plazo para contestar la demanda, la demandada podrá oponer, en un solo escrito, las excepciones de previo y especial pronunciamiento previstas en el artículo siguiente. La oposición de excepciones suspende el plazo para contestar la demanda en relación a todos los emplazados en la causa, aún respecto de aquellos que no las hubieren opuesto.

2. Con el escrito respectivo se acompañará toda la prueba documental y se ofrecerá la restante.

3. Del escrito de oposición de excepciones se correrá traslado a la parte contraria, quien deberá contestarlo dentro de los cinco (5) días de notificado, personalmente o por cédula, plazo en el cual deberá agregar la prueba documental y ofrecer la restante.

4. Contestado el traslado o vencido el término para hacerlo, y no habiéndose ofrecido prueba, o siendo ésta desestimada por el juez llamará autos para resolver, debiendo pronunciarse en un plazo de quince (15) días.

5. Si se ofreciere prueba y el juez la considerase procedente, se abrirá un período para su producción no mayor de diez (10) días, vencido el cual se procederá conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

6. Las reglas previstas en el presente Capítulo se aplicarán, en lo pertinente, al trámite de las excepciones opuestas contra la reconvención.”

Artículo 24.- Modifícase el artículo 35 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“EXCEPCIONES ADMISIBLES

Artículo 35.-

1. Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones:

a. Incompetencia del juez.

b. Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus representantes.

c. Litispendencia.

d. Defecto legal en el modo de proponer la demanda, por no cumplir con los requisitos enumerados en el artículo 27 del presente Código.

e. Cosa juzgada.

f. Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.

g. Falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no ocurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva.

h. Prescripción.

i. Inadmisibilidad de la pretensión, por no cumplir con los requisitos previstos en los artículos 14, 15, 16, 18 y 19 del presente Código, por demandarse la nulidad de un acto administrativo consentido o impugnarse un acto que no revista la condición de definitivo o asimilable, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14.

2. Las excepciones enumeradas en los apartados g y h podrán también oponerse como defensa de fondo al contestar la demanda.”

Artículo 25.- Modifícase el artículo 36 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES

Artículo 36.-

1. La decisión del juez que desestimare las excepciones planteadas, ordenará la reanudación del plazo para contestar la demanda, lo que deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de notificada.

2. En el supuesto de admitirse las excepciones el juez procederá de la siguiente manera:

a) En el caso de la excepción prevista en el inciso 1), apartado a del artículo anterior, aplicará lo dispuesto en el artículo 8.

b) En el caso de las excepciones previstas en los apartados b y d del artículo anterior, fijará el plazo dentro del cual deben subsanarse los defectos, bajo apercibimiento de tener al demandante por desistido del proceso. Subsanados ellos, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.

c) En el supuesto de las excepciones previstas en el inciso 1) apartado i del artículo anterior, cuando se refieran a la falta de agotamiento de la vía administrativa o a la no configuración del silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16, determinará si fuere procedente, el modo de subsanar tales defectos, aplicándose lo dispuesto en el apartado anterior.

Caso contrario, se declarará la inadmisibilidad de la pretensión.

d) En el caso de las excepciones previstas en el inciso 1) apartados c, e, f, g y h del artículo anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado i) del mismo precepto, en lo referente a los casos no previstos en los apartados precedentes de este artículo, se declarará la inadmisibilidad de la pretensión.”

Artículo 26.- Modifícase el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“DILIGENCIAS ULTERIORES

Artículo 40.-

1. Si al contestar la reconvención la parte reconvenida agregase nuevos documentos, se correrá traslado de los mismos a la reconviniente, por el término de cinco (5) días, para que reconozca o desconozca su autenticidad, lo que se notificará por cédula.

2. Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, resueltas las excepciones previas, y siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, el juez recibirá la causa a prueba, procediendo a tal fin de acuerdo a lo previsto en el artículo 41.”

Artículo 27.- Modifícase el artículo 41 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“AUDIENCIA. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y DE LA PRUEBA

Artículo 41.-

1. A los fines de lo establecido en el artículo 40 inciso 2) del presente Código, el juez citará a las partes dentro de los quince (15) días a una audiencia, que se celebrará con su presencia en la que:

a) Fijará por sí los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del proceso, sobre los cuales versará la prueba y desestimará los que considere inconducentes, de acuerdo con las constancias de la causa.

b) Recibirá y resolverá en el mismo acto el pedido de oposición a la apertura a prueba de la causa, para lo cual será necesario escuchar a la contraparte.

c) Recibirá y resolverá en el mismo acto las manifestaciones de las partes, si las tuvieren, con referencia a lo prescrito en el artículo 42 del presente Código.

d) Declarará cuáles pruebas son procedentes para la continuación del juicio.

e) Declarará si la cuestión fuere de puro derecho, con lo que la causa quedará concluida para definitiva.

2. Si en la audiencia prevista en el inciso anterior, las partes manifestaren que no tienen ninguna prueba a producir o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, se dejará constancia de ello. El juez correrá traslado por cinco (5) días comunes, para que las partes expongan sus alegaciones sobre los hechos y el derecho controvertidos en la causa.”

Artículo 28.- Modifícase el artículo 43 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“PLAZO DE PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS

Artículo 43.- El plazo de prueba será fijado por el juez y no excederá de cuarenta (40) días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir del día siguiente al de la fecha de celebración de la audiencia prevista en el artículo 41 del presente Código.”

Artículo 29.- Modifícase el artículo 46 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER

Artículo 46.- El juez podrá ordenar de oficio la producción o ampliación de toda medida de prueba que considere conducente a la averiguación de la verdad de los hechos. Esta potestad podrá ejercerse en cualquier estado del proceso, aún después del llamamiento de autos para sentencia. La decisión será irrecurrible.”

Artículo 30.- Modifícase el artículo 47 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PRUEBA

Artículo 47.- Vencido el plazo para la producción de las pruebas, el secretario lo hará constar por nota puesta en los autos al pie de la última diligencia practicada. Después de ello, de la prueba pedida por las partes y no realizada, sólo podrá producirse aquella que el juez considerase conducente o necesaria para mejor proveer.”

Artículo 31.- Modifícase el artículo 48 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ALEGATOS

Artículo 48.-

1. Una vez que las pruebas recibidas a petición de las partes, o las mandadas producir de oficio por el juez estén reunidas, se pondrán los autos en la Secretaría por el término de diez (10) días comunes, dentro de los cuales las partes podrán presentar el alegato sobre el mérito de la prueba producida.

2. Presentados los alegatos o vencido el plazo indicado en el artículo anterior o el establecido en el artículo 41 inciso 2), el juez llamará autos para sentencia.”

Artículo 32.- Modifícase el artículo 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“SENTENCIA QUE HACE LUGAR A LA PRETENSIÓN

Artículo 50.- La sentencia que haga lugar a la pretensión podrá decidir:

1. El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios a tales fines.

2. La anulación total o parcial del acto administrativo de alcance general o particular impugnado.

3. La cesación de la vía de hecho administrativa controvertida.

4. La declaración de inconstitucionalidad de las normas o actos impugnados en el proceso.

5. La declaración de certeza sobre la relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo, motivo de controversia.

6. El resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados. A tal efecto, fijará la cuantía de la indemnización o, cuando por las características del caso ello no fuere posible, establecerá las bases para la liquidación del monto indemnizable, cuya definitiva determinación quedará diferida a la etapa de ejecución de la sentencia.”

Artículo 33.- Modifícase el artículo 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“COSTAS

Artículo 51.-

1. El pago de las costas será soportado por las partes en el orden causado.

2. Las costas se aplicarán a la parte vencida solamente en los siguientes supuestos:

a) En los procesos de ejecución tributaria.

b) Cuando la vencida hubiese actuado con notoria temeridad o malicia.”

Artículo 34.- Modifícase el artículo 52 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ACLARATORIA

Artículo 52.-

1. Dentro de los cinco (5) días de notificada la sentencia definitiva las partes podrán deducir recurso de aclaratoria, con el fin de corregir errores materiales, aclarar algún concepto ambiguo o contradictorio del fallo o suplir cualquier omisión incurrida en el tratamiento y decisión de algunas de las pretensiones planteadas y debatidas en el proceso.

2. La aclaratoria será resuelta por el juez dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición, sin substanciación alguna.”

Artículo 35.- Modifícase el artículo 53 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“REPOSICIÓN. PROCEDENCIA, PLAZO Y FORMA DE INTERPOSICIÓN

Artículo 53.-

1. El recurso de reposición procederá contra las providencias simples o interlocutorias, a fin de que el órgano que las haya dictado las revoque por contrario imperio.

El recurso de reposición se interpondrá y fundará por escrito, dentro del plazo de tres (3) días al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. El juez deberá resolver sobre su admisibilidad y procedencia, sin más trámite dentro de los cinco (5) días.

2. Tratándose de providencias que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva, la reposición podrá ser acompañada del recurso de apelación en subsidio. En su defecto, la resolución que recaiga hará ejecutoria.”

Artículo 36.- Modifícase el artículo 54 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“REPOSICIÓN. CASOS PARTICULARES

Artículo 54.- En los casos en que la resolución dependiere de hechos controvertidos, el juez podrá imprimir al recurso de reposición, el trámite de los incidentes.

La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será resuelta sin substanciación.”

Artículo 37.- Modifícase el artículo 55 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDENCIA

Artículo 55.-

1. Las sentencias definitivas dictadas por el juez, serán susceptibles de recurso de apelación en las condiciones establecidas en el presente Código.

2. También serán apelables las siguientes sentencias:

a) Las que declaren la inadmisibilidad de la pretensión procesal administrativa.

b) Las que decidan sobre medidas cautelares.

c) Las que aún recayendo sobre una cuestión incidental, terminen el litigio, hagan imposible su continuación, afecten el cumplimiento de la sentencia, o generen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

3. Igualmente procederá contra las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

4. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia.”

Artículo 38.- Modifícase el artículo 56 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“PLAZO, FORMA DE INTERPOSICIÓN Y EFECTOS

Artículo 56.-

1. El recurso de apelación contra las sentencias definitivas deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días contados a partir del día siguiente al de su notificación. En los demás supuestos, el plazo para apelar será de cinco (5) días.

2. La apelación se interpondrá por escrito fundado, ante el juez cuya sentencia es impugnada.

3. El escrito de apelación deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará con la mera remisión a presentaciones anteriores.

4. Cuando la cámara que haya de conocer del recurso de apelación tuviere su asiento en distinta ciudad, en el escrito de interposición y en su contestación, las partes deberán constituir domicilio en aquélla. La parte que no hubiese cumplido este requisito será notificada por ministerio de la ley.

5. El recurso de apelación tendrá efectos suspensivos. Exceptúase el supuesto de los recursos interpuestos contra las providencias que dispongan medidas cautelares, en las que el juez resolverá conforme lo señalado en el artículo 26.”

Artículo 39.- Modifícase el artículo 58 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“EXAMEN DE ADMISIBILIDAD Y CONCESIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Artículo 58.-

1. Del recurso de apelación, el juez correrá traslado a la otra parte por igual plazo al señalado para su interposición, el que se notificará personalmente o por cédula. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, dentro de los cinco (5) días siguientes, se remitirán a la cámara de apelaciones los autos principales y los incidentes vinculados al recurso planteado.

2. Recibidas las actuaciones, la cámara examinará si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad y mediante resolución fundada se expedirá al respecto. En caso de declararlo inadmisible, se dispondrá la devolución del expediente al juzgado de origen. En caso de considerarlo admisible, no habiéndose articulado las diligencias procesales previstas en el artículo 57 inciso 1) o siendo éstas desestimadas, se dictará la providencia de "autos" con el alcance previsto en el inciso 4) del presente artículo. En ambos supuestos, la decisión correspondiente se notificará personalmente o por cédula.

3. En la providencia que decida la concesión del recurso, se resolverá lo relativo a las diligencias procesales que se hubieran peticionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 inciso 1) del presente Código.

4. En el caso de admitirse las diligencias a que se refiere el artículo 57 inciso 1) del presente Código, una vez cumplidas o vencidos los plazos correspondientes, se dictará la providencia de "autos" y, consentida que fuera, el expediente pasará al acuerdo sin más trámite.

5. La caducidad de la instancia se regirá por las reglas del Código Procesal Civil y Comercial.”

Artículo 40.- Sustitúyese el artículo 60 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Artículo 60.-

1. Contra las sentencias definitivas de las cámaras de apelaciones, procederán los recursos extraordinarios previstos en la Constitución de la Provincia, aplicándose en lo pertinente las normas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, salvo disposición expresa en contrario.

2. El de inaplicabilidad de ley sólo será admisible cuando el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria exceda, respecto de cada recurrente, la suma fijada por el Código Procesal Civil y Comercial.

3. No será de aplicación en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley lo dispuesto en los artículos 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial sobre valor del litigio y depósito previo cuando el mismo se interponga contra sentencias que recaigan en materia de impugnaciones a resoluciones del Tribunal de Cuentas y Fiscal de Apelación.”

Artículo 41.- Modifícase el artículo 63 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“COMUNICACIÓN Y TRÁMITE

Artículo 63.-

1. Cuando la sentencia haga lugar a la pretensión deducida contra la Provincia, un municipio o un ente provincial o municipal, una vez consentida o ejecutoriada, el juez la notificará a la parte vencida e intimará su cumplimiento dentro del término fijado en aquélla. Esta notificación deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes al fallo. El procedimiento de ejecución se regirá por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no contradigan las del presente Código.

2. Si transcurriese el plazo previsto en el artículo 163 de la Constitución de la Provincia, sin que la autoridad requerida objetase su ejecución ni diese cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional, la parte vencedora en el juicio podrá pedir que aquél mande cumplir directamente lo dispuesto en la sentencia.

3. En tal caso, el juez ordenará a la autoridad correspondiente el cumplimiento de la sentencia, determinando concretamente lo que aquélla debe hacer y el plazo en que debe realizarlo.

4. En caso de incumplimiento, los funcionarios involucrados incurrirán en la responsabilidad establecida por el artículo 163 de la Constitución. Esta responsabilidad será solidaria con la del ente u órgano respectivo y abarcará todos los daños que ocasione su irregular actuación.

5. El juez podrá adoptar de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes, para poner en ejercicio la atribución que le confiere el artículo 163 de la Constitución.”

Artículo 42.- Modifícase el artículo 65 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Artículo 65.-

1. A los fines de lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 63, cuando la Provincia, el municipio o el ente provincial o municipal, vencidos en el proceso, considerasen imprescindible la suspensión de la ejecución de la sentencia, por graves razones de interés público, podrán solicitarla al juez dentro de los veinte (20) días después de notificada. En tal petición deberán asumir el compromiso de reparar los daños y perjuicios que pudiere causar la suspensión, acompañando el acto administrativo que así lo autorice.

2. De la solicitud de suspensión se correrá traslado por cinco (5) días a la contraparte. Si ésta se opusiere y ofreciere prueba, el juez abrirá el incidente a prueba por el plazo de diez (10) días.

3. El juez dictará resolución dentro de los diez (10) días de encontrarse los autos en estado. Si resolviese la suspensión de la ejecución del fallo, fijará el plazo correspondiente a su cumplimiento así como el monto de la indemnización de los daños ocasionados, previo requerimiento de los informes que estimare necesarios.”

Artículo 43.- Modifícase el artículo 67 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 67.- Caracterización general. Opción:

Contra los actos administrativos de alcance particular o general, la parte actora tendrá la opción de formular la pretensión bajo el régimen del proceso ordinario previsto en el Título I o mediante el Proceso Sumario de Ilegitimidad, establecido en el presente capítulo.

El Proceso Sumario de Ilegitimidad tendrá por único objeto la declaración de nulidad de un acto administrativo de alcance particular o general. Los daños y perjuicios que se pudieren derivar de la declaración de nulidad del acto, deberán ser reclamados en un proceso autónomo.”

Artículo 44.- Modifícase el artículo 68 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“DETERMINACIÓN DEL PROCESO A SEGUIR

Artículo 68.-

1. La parte actora, en su primera presentación, solicitará que la pretensión tramite por el proceso reglado en el presente Capítulo. La demandada podrá oponerse a ello, dentro de los primeros cinco (5) días de notificado el traslado de la demanda. Esta oposición suspenderá el plazo para contestar la demanda y formular excepciones.

2. El juez resolverá sobre la procedencia de la vía, como única cuestión de previo y especial pronunciamiento.

3. En el caso que se hiciera lugar a la oposición, el juez resolverá la tramitación del proceso por las reglas del proceso ordinario, confiriéndose a la actora un plazo de treinta (30) días para adecuar la demanda, la que proseguirá su curso procesal de conformidad a las normas previstas en el Título I del presente Código.”

Artículo 45.- Modifícase el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“REGLAS PROCESALES

Artículo 69.- El proceso sumario de ilegitimidad se regirá por las reglas del proceso ordinario previstas en el presente Código, con las modificaciones siguientes:

1. El plazo para promover la demanda será de sesenta (60) días, contados en la forma prevista en el artículo 18 del presente Código.

2. Se correrá traslado de la demanda por un plazo de veinte (20) días.

3. No se correrá traslado a la actora de la contestación de la demanda, ni se celebrará la audiencia prevista en el artículo 41 del presente Código.

4. No se admitirá la producción de prueba distinta de la documental acompañada por las partes y la contenida en los expedientes administrativos agregados a la causa y directamente relacionadas con la pretensión.

5. Las excepciones previas deberán ser planteadas en el escrito de contestación de la demanda y resueltas en la sentencia.

6. Contestada la demanda, o vencido el plazo para hacerlo, se conferirá vistas a las partes para que, en el plazo común de cinco (5) días presenten el alegato, vencido el cual se llamará autos para sentencia.

7. La sentencia deberá dictarse en el plazo de treinta (30) días.”

Artículo 46.- Modifícase el artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 70.- Sentencia.

La sentencia deberá limitarse a desestimar la pretensión o a declarar la nulidad total o parcial del acto administrativo impugnado.

Junto con la declaración de nulidad, el juzgado, de acuerdo con las circunstancias del caso, ordenará a la demandada la conducta a seguir, con ajuste a la pretensión procesal articulada o procederá a devolver las actuaciones para que se dicte un nuevo acto.”

Artículo 47.- Modifícase el artículo 72 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“PLAZO PARA LA DEMANDA. REGLAS PROCESALES

Artículo 72.- La pretensión deberá deducirse dentro de los sesenta (60) días contados en la forma prevista en el artículo 18 del presente Código. El trámite se regirá por las normas previstas en el Capítulo I del Título II del presente Código, con las siguientes excepciones:

1. Contestada la demanda, o vencido el plazo para hacerlo, no habiendo hechos controvertidos, el juez declarará la cuestión de puro derecho y firme dicha providencia llamará autos para sentencia.

2. Si hubiere hechos controvertidos, en una misma providencia el juez dispondrá la producción de las pruebas pertinentes.”

Artículo 48.- Modifícase el artículo 73 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y su modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“SENTENCIA FAVORABLE

Artículo 73.-

1. Si la sentencia fuera favorable al impugnante, dispondrá conforme a las particularidades del caso todas o algunas de las siguientes medidas:

a) La anulación total o parcial de la sanción.

b) La reincorporación del agente, si la sanción hubiera sido expulsiva.

c) El reconocimiento de los haberes devengados.

2. De acuerdo a las características de la causa cuando se anulare una sanción expulsiva, junto con la declaración de nulidad, el órgano jurisdiccional podrá ordenar la adopción de las medidas que estimare conducentes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 del presente Código.”

Artículo 49.- Modifícase el artículo 74 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DE COLEGIOS O CONSEJOS PROFESIONALES

Artículo 74.-

1. Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de los actos administrativos definitivos de los colegios o consejos profesionales, a cuyo cargo estuviere el gobierno de la matrícula o registro de profesionales, tramitará por el proceso instituido en el presente Capítulo, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las restantes normas del presente Código.

2. Serán de aplicación las siguientes reglas procesales:

a) La demanda deberá interponerse por escrito, directamente ante el juez en lo Contencioso Administrativo, dentro de los sesenta (60) días, contados a partir del día siguiente al de la fecha de notificación del acto cuestionado. En lo pertinente, el escrito deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 27 del presente Código. La pretensión deberá interponerse ante los juzgados competentes según lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2), apartado b.

b) Dentro de los cinco (5) días de presentada la demanda se requerirá, por oficio dirigido a la autoridad superior del ente correspondiente, la remisión de los antecedentes administrativos, que deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de notificada. En caso de incumplimiento del deber de remisión, se aplicará lo dispuesto en el artículo 30 inciso 2) del presente Código.

c) Cumplido el trámite previsto en el apartado anterior, el juez conferirá traslado por diez (10) días al ente demandado. Contestado el traslado o expirado el plazo respectivo, se llamará autos para sentencia.

d) Si hubiere hechos controvertidos, la causa será abierta a prueba por un plazo no mayor de quince (15) días.

e) Vencido dicho plazo el juez, llamará autos para sentencia, la que deberá ser dictada dentro del plazo de treinta (30) días.

3. Las reglas del presente Capítulo serán de aplicación a todos los procedimientos previstos por las leyes de creación de los colegios o consejos profesionales u otras normas similares, en materia de impugnación judicial contra:

a) Los actos que decidan la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en la matrícula correspondiente.

b) Los actos mediante los que se impongan sanciones en los supuestos contemplados por las normas de aplicación.

c) En general, los actos de gravamen emanados de aquellos entes.”

Artículo 50.- Modifícase el artículo 75 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE PROFESIONALES

Artículo 75.-

1. Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de los actos administrativos definitivos emanados de los órganos superiores de las cajas de previsión social de profesionales, tramitarán por las normas del proceso ordinario, sin perjuicio de la opción prevista en el Título II, Capítulo I del presente Código.

2. La pretensión deberá interponerse dentro del plazo establecido en el artículo 18 del presente Código si el interesado hiciere la opción por el proceso ordinario, o dentro de los sesenta (60) días de notificado el acto que agota la vía administrativa si hiciere la opción dispuesta en el inciso anterior. Serán competentes los juzgados Contencioso Administrativos según lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2), párrafo b.”

Artículo 51.- Modifícase el artículo 76 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 76.-

1. El que fuere parte en un procedimiento administrativo, podrá solicitar judicialmente se libre orden judicial de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando alguno de los entes referidos en el artículo 1 del presente Código hubiere dejado vencer los plazos fijados y, en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir la resolución o el acto de trámite o preparatorio que requiera el interesado o corresponda adoptar para continuar o resolver el procedimiento.

2. Presentada la pretensión, el juez se expedirá sobre su admisibilidad, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, no mayor a los cinco (5) días, informe sobre la causa de la demora aducida.

3. La configuración del silencio administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del presente Código, no impedirá la utilización de esta vía.

4. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiera hecho, el juez resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del asunto.

Las resoluciones que adopte el juez en el trámite del amparo por mora serán irrecurribles. La sentencia será susceptible de reposición, dentro de los tres (3) días de notificada, mediante escrito fundado.

Artículo 52.- Incorpórase como Capítulo V del Título II de la Ley 12.008 y sus modificatorias el siguiente:

“CAPÍTULO V

EJECUCIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL

Artículo 76 bis.- Los jueces Contencioso Administrativos aplicarán en materia de ejecuciones tributarias provinciales las disposiciones del Decreto-Ley 9.122/78.”

Artículo 53.- Modifícase el artículo 78 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESENTE CÓDIGO. APLICACIÓN A LOS PROCESOS EN CURSO DE EJECUCIÓN

Artículo 78.-

1. El presente Código Procesal comenzará su vigencia conjuntamente con el Fuero Contencioso Administrativo, facultándose al Ministerio de Economía a adecuar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para la implementación del mismo, dentro de las restricciones presupuestarias vigentes.

Hasta tanto comiencen las funciones del Fuero Contencioso Administrativo, la Suprema Corte de Justicia decidirá, hasta su finalización, en única instancia y juicio pleno, todas las causas correspondientes al referido fuero que se hubieren iniciado.

2. En todos los casos en que el presente Código otorgue plazos más amplios para la realización de actos procesales, se aplicarán éstos a los procesos anteriores a su entrada en vigencia.

3. En las causas regidas por el artículo 215, segundo párrafo, de la Constitución de la Provincia, serán de aplicación las normas del presente Código, en cuanto resultaren compatibles con la jurisdicción atribuida por aquel precepto a la Suprema Corte de Justicia. En materia de caducidad de instancia, costas, régimen de sentencia, su ejecución y los recursos contra la misma, se aplicarán las normas de la Ley 2.961, con las modificaciones introducidas por los Decretos-Leyes 8.626/76 y 8.798/77.”

Artículo 54.- Modifícase el artículo 80 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 80.- Sustitúyense los artículos 31 y 36 de la ley 10.869, por los siguientes :

“Artículo 31.- Las resoluciones definitivas del Tribunal de Cuentas, podrán ser recurridas ante los juzgados Contenciosos Administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Contencioso Administrativo, con aplicación de las reglas del proceso ordinario (Título I). A los fines de la determinación de la competencia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2) apartado a, del citado Código.”

“Artículo 36.- El cobro judicial previsto en el artículo 33 de la presente ley, se suspenderá cuando se interponga el recurso de revisión, se inicie una causa contencioso administrativa, se efectúe el pago o se consigne el importe del cargo en el Banco de la Provincia a la orden del presidente de la cámara de apelaciones.”

Artículo 55.- Sustitúyese el artículo 3 de la Ley 12.074 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3.- Las cámaras de apelaciones en lo Contencioso Administrativo, ejercerán su competencia territorial con carácter regional. Tendrán su asiento en las ciudades que se detallan a continuación, abarcando los departamentos judiciales que en cada inciso se determinan:

1. Una con asiento en la ciudad de La Plata, con competencia territorial en la región conformada por los departamentos judiciales de: La Plata, Quilmes, Lomas de Zamora, Mercedes, Junín y Trenque Lauquen.

2. Una con asiento en la ciudad de San Martín con competencia territorial en la región conformada por los departamentos judiciales de: La Matanza, Morón, San Isidro, San Martín, Zárate-Campana, San Nicolás y Pergamino.

3. Una con asiento en la ciudad de Dolores con competencia territorial en la región conformada por los departamentos judiciales de: Dolores, Azul, Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca.

Cada una de ellas estará integrada por tres miembros, con presidencia anual y rotativa ejercida por cada no de los miembros que la conforman.”

Artículo 56.- Modifícase el artículo 5 de la Ley 12.074 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“REGLAMENTO INTERNO

Artículo 5.- Las cámaras de apelaciones en lo Contencioso Administrativo dictarán sus reglamentos internos, mediante los cuales regularán sus funciones y atribuciones, correspondiéndoles las facultades que el artículo 167 de la Constitución de la Provincia confiere a las cámaras de apelación respecto del nombramiento y remoción de los secretarios de su dependencia, sin perjuicio de las demás de superintendencia que sean delegadas por la Suprema Corte de Justicia.

La organización, integración y funcionamiento de las cámaras de apelaciones en lo Contencioso Administrativo, así como las atribuciones de sus presidentes se regirán en lo pertinente por las normas previstas en el Título II, Capítulo IV, Título III, Capítulo II y demás disposiciones concordantes de la Ley 5.827 (Orgánica del Poder Judicial) y por las contenidas en el artículo 22 de la presente.

Cada cámara, funcionará con un secretario.”

Artículo 57.- Modifícase el artículo 9 de la Ley 12.074 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“MAYORÍA DECISORIA

Artículo 9.- Las sentencias de las cámaras de apelaciones en lo Contencioso Administrativo, se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, siempre que éstos concordaren en la solución del caso. Si hubiere desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría de opiniones. Las sentencias definitivas se dictarán por deliberación y voto de los jueces que las suscriben. En los restantes supuestos, las resoluciones podrán ser redactadas en forma impersonal.”

Artículo 58.- Modifícase el artículo 11 de la Ley 12.074 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 11.- Créanse en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia y en el fuero Contencioso Administrativo, los juzgados contencioso administrativos mencionados en el artículo 14 de la presente ley y en el Código Procesal Contencioso Administrativo las cuestiones que se susciten en la materia determinada por el artículo 166, último párrafo de la Constitución de la Provincia.”

Artículo 59.- Modifícanse los artículos 1 y 31 de la Ley 5.827, Orgánica del Poder Judicial, (T.O. Decreto 3.702/92) y sus modificatorias, por los siguientes:

“Artículo 1.- La administración de justicia en la Provincia será ejercida por:

1. La Suprema Corte de Justicia.

2. El tribunal de Casación Penal.

3. Las cámaras de apelación en lo Civil y Comercial, de garantías en lo Penal y en lo Contencioso Administrativo.

4. Los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso Administrativo, de garantías, en lo correccional y de ejecución en lo Penal.

5. Los tribunales en lo Criminal.

6. Los tribunales del Trabajo.

7. Los tribunales de Familia.

8. Los tribunales de Menores.

9. Los jueces de Paz.

10. El juzgado Notarial.

“Artículo 31.- En los demás casos en que deba integrarse la Suprema Corte de Justicia, por vacancia, licencia, recusación, excusación u otro impedimento de alguno de sus miembros, se seguirá el siguiente orden: presidente del tribunal de Casación Penal, vocales del tribunal de Casación Penal, presidentes de las cámaras de apelación en lo Civil y Comercial del departamento judicial de La Plata, vocales de las cámaras de apelación en lo Civil y Comercial, presidente de la cámara de apelación en lo Contencioso Administrativo del departamento judicial La Plata, vocales de la cámara de apelación en lo Contencioso Administrativo, y de garantías en lo Penal en orden de turno; por los jueces en lo Contencioso Administrativo, de primera instancia en lo Civil y Comercial, en lo correccional y de los tribunales en lo Criminal que reúnan las condiciones necesarias para ser vocal de la Suprema Corte; por abogados de la matrícula sorteados de las listas de conjueces.”

Artículo 60.- Modifícase el artículo 14 de la Ley 12.074 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 14.- En la ciudad cabecera de cada departamento judicial, tendrá su asiento un juzgado Contencioso Administrativo, salvo los correspondientes a los departamentos judiciales de La Plata, en cuya cabecera tendrán asiento tres juzgados Contencioso Administrativos, y de Mar del Plata, en cuya cabecera tendrán asiento dos juzgados Contencioso Administrativos. El juzgado contencioso administrativo del departamento judicial Mercedes tendrá su asiento en la ciudad de Salto (Expresión observada por Decreto de Promulgación 1.524/2003. Veto parcial aceptado: 04/12/2003). Cada uno de los juzgados contencioso administrativos tendrá competencia territorial en su respectivo departamento judicial.”

Artículo 61.- Modifícase el artículo 19 de la Ley 12.074 y sus modificatorias el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 19.- En los supuestos en que el litigio se relacionare con la actuación u omisión de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de funciones administrativas, si correspondiere su intervención por vía de recurso extraordinario, aquella se integrará con conjueces. Del mismo modo se procederá cuando la actividad administrativa controvertida correspondiere a los demás órganos jurisdiccionales creados por la presente ley.”

Artículo 62.- Modifícase el artículo 20 de la Ley 12.074 y sus modificatorias de acuerdo a las prescripciones establecidas en la presente disposición:

“SECRETARÍAS

Artículo 20.- Los juzgados Contencioso Administrativos funcionarán con una secretaría. En función del índice de litigiosidad y las características, así como la cantidad de tarea de cada juzgado, la Suprema Corte de Justicia podrá disponer que algunos de ellos funcionen con dos secretarías, una de las cuales será de ejecuciones fiscales.”

Artículo 63.- Modifícase el artículo 24 de la Ley 12.074 y sus modificatorias de acuerdo a las prescripciones establecidas en la presente disposición:

1. En el nivel 18 (texto según Ley 11.982) de la planilla anexa de la Ley 10.374 y sus modificatorias, se incorpora el siguiente cargo:

a) Nivel 18: secretario de juzgado Contencioso Administrativo.

2. En el nivel 20 (texto según Ley 11.982) y 17 (texto según Ley 11.901) de la planilla anexa de la Ley 10.374:

a) Nivel 20: juez Contencioso Administrativo.

b) Nivel 17: auxiliar letrado del juzgado Contencioso Administrativo y auxiliar letrado del juzgado de primera o única instancia y del Ministerio Público de primera instancia.

3. En los niveles 21 y 19 (texto según Ley 11.982) de la planilla anexa de la Ley 10.374 y sus modificatorias, se suprimen los siguientes cargos (Expresión observada por Decreto de Promulgación 1.524/2003. Veto parcial aceptado: 04/12/2003) :

a) Nivel 21: presidente y jueces de cámara de apelaciones en lo Contencioso Administrativo.

b) Nivel 19: secretario de cámara de apelaciones en lo Contencioso Administrativo.”

Artículo 64.- Modifícase el artículo 27 de la Ley 12.074 y sus modificatorias, de acuerdo a las prescripciones establecidas en la presente disposición:

“Artículo 27.- El Fuero Contencioso Administrativo en sus dos instancias, comenzará su vigencia en forma conjunta con el Código Procesal de la materia.

Hasta tanto comiencen las funciones de los juzgados y cámaras en lo Contencioso Administrativo, la Suprema Corte de Justicia decidirá, en instancia única y juicio pleno, todas las causas correspondientes al Fuero que se hubieren iniciado, hasta su finalización.

Establécese que a partir del 15 de diciembre de 2003, funcionarán los juzgados Contencioso Administrativos establecidos en el artículo 14 de la Ley 12.074. Para el caso que alguno de ellos no hubiese sido puesto en funcionamiento en la fecha indicada precedentemente, los asuntos contenciosos serán atendidos por el juez Contencioso Administrativo que la Suprema Corte de Justicia determine para cada jurisdicción, teniendo en cuenta las distancias territoriales existentes entre aquellos. Esta subrogancia subsistirá hasta tanto se haya implementado el órgano definitivo.

El período de transición se extenderá hasta el 31 de marzo de 2004, que se fija como plazo máximo para el funcionamiento pleno del Fuero.

Las cámaras de apelación en lo Contencioso Administrativo comenzarán a funcionar a partir de su integración. Durante el período de transición, los asuntos de competencia del Fuero serán atendidos por el órgano jurisdiccional de alzada que la Suprema Corte de Justicia determine, debiéndose radicar definitivamente en la cámara Contencioso Administrativa que corresponda, una vez implementada.”

Artículo 65.- Derógase el artículo 17 de la Ley 12.008 y sus modificatorias, debiéndose renumerar su texto.

Artículo 66.- Deróganse los artículos 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 de la Ley 12.074 y sus modificatorias, debiéndose renumerar su texto.

Artículo 67.- Todos los proceso de ejecución de apremios provinciales que estén en trámite hasta la puesta en marcha del Fuero Contencioso Administrativo proseguirán en los tribunales de origen hasta su finalización.

Artículo 68.- Modifícase el artículo 19 de la Ley 7.166 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 19.- Órgano competente. De este recurso conocerá la cámara de apelación respectiva de la misma jurisdicción, la que deberá dictar sentencia dentro de un término no mayor del tercer día de recibido el expediente. Cuando el objeto del amparo sea la impugnación de un acto administrativo, particular o general, de una omisión administrativa o de una vía de hecho las cámaras de apelación en lo Contencioso Administrativo conocerán como instancia de alzada.”

Artículo 69.- Modifícase el artículo 3 del Decreto-Ley 9.122/78, Ley de Apremio, texto según artículo 35 de la Ley 12.727, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3.- Los juzgados Contencioso Administrativos serán competentes en materia de ejecuciones tributarias provinciales de acuerdo a las reglas del Código Contencioso Administrativo y a las de la presente ley. Exceptúase de esta disposición a los juicios de apremios provinciales de naturaleza no tributaria y los juicios de apremio que promuevan las municipalidades, en cuyo caso serán competentes los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial o los de Paz que correspondan al domicilio fiscal del obligado en la Provincia o el que corresponda al lugar de cumplimiento de la obligación o el del lugar en que se encuentren los bienes afectados por la obligación que se ejecute, a elección del actor. En ningún caso, la facultad que el Fisco confiera a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones fuera de la jurisdicción provincial podrá entenderse como declinación de esta última. En el caso de existir varios créditos contra una misma persona, podrán acumularse en una ejecución, también a elección del actor. No es admisible la recusación sin causa.”

Artículo 70.- Modifícase el artículo 77 del Decreto-Ley 6.769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 77.- Las disposiciones que adopte el Concejo se denominarán:

a) Ordenanza, si crea, reforma, suspende o deroga una regla general, cuyo cumplimiento compete a la Intendencia municipal. Las ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material.

b) Decreto, si tiene por objeto el rechazo de solicitudes de particulares, la adopción de medidas relativas a la composición u organización interna del Concejo y en general, toda disposición de carácter imperativo, que no requiera promulgación del Departamento Ejecutivo.

c) Resolución, si tiene por objeto expresar una opinión del Concejo sobre cualquier asunto de carácter público o privado, o manifestar su voluntad de practicar algún acto en tiempo determinado.

d) Comunicación, si tiene por objeto contestar, recomendar, pedir o exponer algo.”

Artículo 71.- Cláusula transitoria. Los magistrados actualmente designados para integrar los tribunales Contencioso Administrativo que por esta ley han sido transformados en virtud de la modificación al artículo 11 de la Ley 12.074, que aún no han entrado en posesión del cargo ni prestado juramento, pasarán a desempeñarse como titulares de los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, según lo determine el Poder Ejecutivo, al cual se faculta al efecto.

A los fines de la reasignación dispuesta en el artículo precedente, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, deberá intentar una instancia de acuerdo con los magistrados designados, que no podrá prolongarse por un lapso mayor a los treinta (30) días. Vencido dicho término, deberá dictar los decretos pertinentes, en el marco de los acuerdos alcanzados y las facultades discrecionales que le han sido dadas, decidiendo en definitiva en aquellos supuestos que la cuestión no pueda ser resuelta por consenso entre los designados. Asimismo, solicitará al Consejo de la Magistratura la cobertura de los cargos jurisdiccionales restantes.

Artículo 72.- Cláusula transitoria. Las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires para cubrir los cargos de jueces de los tribunales Contencioso Administrativos de Bahía Blanca y de La Plata, que por esta ley se transforman, conservan su condición vinculante a los fines de la designación de los titulares del juzgado Contencioso Administrativo del departamento judicial Bahía Blanca y de uno de los juzgados Contencioso Administrativos del departamento judicial La Plata respectivamente, creados por el artículo 14 de la Ley 12.074.

Artículo 73.- Cláusula de excepción. Los postulantes a juez del Fuero Contencioso Administrativo, ya sea de primera instancia o de alzada, que habiendo sido oportunamente ternados por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, no resultaren designados en órganos jurisdiccionales hasta el 15 de diciembre de 2003, conservan su condición de postulantes para participar en futuras ternas que el Consejo de la Magistratura elabore, para cubrir vacantes de los restantes órganos del Fuero Contencioso Administrativo creados por la presente ley, sin necesidad de rendir nuevo examen.

Artículo 74.- Derógase toda norma que se oponga a la presente ley.

Artículo 75.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.